El pasado 5 de abril, por segunda ocasión en menos de un mes, se presentó un apagón eléctrico en la península de Yucatán. Twitter atestiguó un encendido debate entre el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el expresidente Felipe Calderón.
La versión oficial fue que en el ingenio La Joya, en Champotón, Campeche, un incendio derivado de la zafra de la caña de azúcar se salió de control y sobrecalentó las líneas de transmisión de la CFE. El expresidente dudó de la explicación porque, dijo, siempre han existido quemas y en su gestión hasta huracanes, y nunca había pasado esto. Se lo achacó a la falta de capacidad de los operadores técnicos de la autodenominada 4T. La deducción parecía automática: después de 66 meses consecutivos sin “alertas críticas”, hace dos semanas Pemex pidió a los industriales del país disminuir su consumo de gas natural, luego el apagón…
Incendio o no, ese episodio fue menor comparado con lo que puede vivir en breve la península de Yucatán. Un apagón de mucho mayores consecuencias. La clave está en lo que pase en las próximas semanas en el gasoducto conocido como Nuevo Pemex-Mayakan.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en una presentación del 4 de abril, a la que tuve acceso y que conoce la Secretaría de Energía, admite que a nivel nacional hay dos puntos críticos con posibilidades de afectación de carga en el Sistema Eléctrico Nacional: Baja California y la península de Yucatán.
En el sureste, el gran problema es la falta de infraestructura e interconexión con los sistemas eléctricos y de gasoductos. La electricidad se genera “en sitio”, a través de plantas de ciclo combinado que combustionan hidrocarburos. Pero sólo hay un gasoducto en todo este territorio, el Mayakan, de la empresa francesa Engie. Tiene más de 18 años de antigüedad, atraviesa cuatro estados del país, comenzando en Nuevo Pemex, Tabasco. Desde el 1999, ha suministrado el gas natural para cinco centrales de la CFE que generan la luz para la península yucateca.
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