Mucho ruido ha causado, dentro y fuera del país, la reforma a la Ley del Sector Eléctrico, enviada por el jefe del Ejecutivo al Congreso como iniciativa preferente.
El Consejo Coordinador Empresarial la comparó con una “expropiación indirecta” de las plantas privadas que generan electricidad a costos menores que la CFE. Carlos Salazar, dirigente de ese organismo empresarial, advirtió que, de concretarse, la iniciativa acabará por encarecer el recibo de luz.
En abono de lo anterior, la Coparmex asegura que el costo de generación de electricidad en la CFE es cinco veces mayor que el de la energía solar o eólica. Fuera de México miran la iniciativa como la puntilla a la inversión privada —nacional y extranjera—, pero también como una acción unilateral que puede desatar desafíos legales en el marco del T-MEC.
“Es un hecho ominoso para los actores del sector energético y más allá, porque muestra que la administración está dispuesta a cambiar la legislación si los obstáculos legales retrasan sus planes”, alerta el reporte sobre México del Grupo Eurasia, cuya matriz está en Nueva York.
“Este proyecto —agrega— tendría un impacto negativo en la competencia. Quizás lo más importante es que podría haber desafíos relacionados con el T-MEC”.
Y es que las empresas estadunidenses tienen una presencia significativa en el sector. La presión de la administración de Joe Biden podría intensificarse si la reforma avanza.
La iniciativa propone cambiar el orden en el que las plantas despachan energía a la red. Favorece a la CFE sobre los generadores privados de energía renovable.
En la actualidad, la ley establece que el contralor de la red (Cenace) debe despachar las plantas en función del costo de la energía generada, dando acceso primero a las menos caras.
El cambio alteraría por completo los incentivos y relegaría a los actores privados, perjudicando la economía de las inversiones en el sector.
Es pertinente recordar que el gobierno había intentado algo parecido a través de un decreto, pero fue detenido por desafíos legales, ya que iba en contra de las regulaciones antimonopolio. La propuesta también permitiría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revisar y, potencialmente, cancelar los contratos de autoabastecimiento, con el argumento de que violan la ley. El gobierno dice que las empresas privadas que estaban generando su propia energía han abusado de este tipo de mecanismos, al hacer alianzas y crear mercados eléctricos paralelos.
“Todo esto envía una señal extremadamente negativa al sector privado y podría tener repercusiones significativas en la inversión, que ya es baja. No sólo desalentará aún más las inversiones en el sector, sino que, dada la importancia del sector para otras actividades industriales, podría generar preocupaciones en otras áreas”, dice el reporte.
La reforma perjudicaría al país en un momento en que podría beneficiarse de las tendencias de reubicación de China en otros lugares. “La confianza empresarial se verá gravemente afectada y, al ritmo que se están implementando estos cambios regulatorios, difícilmente se recuperará”, remata.
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Es la primera iniciativa que el presidente López Obrador presenta como preferente. Diputados y senadores la tienen que aprobar o desechar en un plazo máximo de 31 días.
Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno.
De ser aprobado o modificado, se turnaría a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen, de acuerdo al Sistema de Información Legislativa.
Ya que estamos. En San Lázaro nos comentan que el Presidente pudo aprovechar la facultad de presentar la iniciativa preferente para cuestiones estratégicas más urgentes y menos salpicadas de ideología: La atención a la pandemia, la educación, el empleo y el ingreso familiar, la violencia y la inseguridad, la corrupción y la impunidad…
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No nos salimos del tema. La CFE dio trato preferencial a más de 250 mil tabasqueños que no han pagado la luz desde 1995, siguiendo directrices del entonces candidato al gobierno de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. De un plumazo, les borraron la deuda.
Sobra decir que la condonación no es justa para los habitantes del resto de las entidades que sí han pagado su recibo, so pena de quedarse a oscuras.
¿Por qué los paisanos y seguidores del Presidente sí y los demás no? Es una pregunta que muchos nos hacemos y no una reflexión de odio.
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