La noticia conmovió a nivel nacional: los hermanos González Moreno —Ana Karen, 24 años; José Alberto, 29 años, y Luis Ángel, 32 años— aparecieron muertos en el kilómetro 27 de la carretera a Colotlán, en el Municipio de San Cristóbal de la Barra, Jalisco.
Un comando de hombres armados los habrían confundido con un vecino al que buscaban para levantarlo, según las primeras indagatorias de la Fiscalía.
José Alberto era estudiante en la Universidad de Guadalajara; Ana Karen quería ser veterinaria, Luis Ángel tenía un negocio de serigrafía.
Tres vidas truncadas así nomás. Un retrato del clima de inseguridad.
Ya conocemos la historia: se pedirá justicia. Habrá manifestaciones de protesta —estudiantes de la UdeG ya convocaron a una marcha para hoy—, las autoridades prometerán atrapar a los asesinos materiales e intelectuales. Pero, al final, habrá impunidad y olvido.
Es la historia de siempre. En México —y no sólo en León, Guanajuato—, la vida no vale nada. Ya lo decía el clásico José Alfredo Jiménez.
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Vamos a los números fríos, pero contundentes: Los homicidios alcanzan cifras escalofriantes: Casi 70 mil muertos en los dos primeros años del gobierno de López Obrador.
La cacareada disminución de los asesinatos sólo está en el discurso oficial. En abril, sólo en abril, se registraron 2 mil 370 homicidios. El segundo día más violento en lo que va del sexenio fue el 25 de ese mes: fueron ejecutados 115 mexicanos.
Los narcos hacen lo que quieren. Controlan partes del territorio nacional. Un 40% calculó el exembajador “amigo” de Estados Unidos, Christopher Landau.
Los criminales se acogieron, gustosos, a la política de “abrazos, no balazos” del cuarto transformador. A ellos les significa impunidad y un clima propicio para el trasiego de drogas.
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Hay que sumar el reporte que dio a conocer ayer la consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde. Ilustra cómo anda la violencia a nivel político.
Entre septiembre de 2020 y abril de 2021 se registraron 169 “incidentes” de este tipo que dejaron 210 víctimas: 143 muertos y 67 heridos.
El fenómeno se recrudece conforme nos acercamos a la fecha de las elecciones. En septiembre, octubre y noviembre del año pasado se registraron 21, 13 y 22 “incidentes”. En febrero, marzo y abril estos subieron a 30, 26 y 27, respectivamente.
El gobierno federal anunció en marzo un programa de protección a candidatos. No ha servido de mucho. En lo que va de mayo van seis ataques a otros tantos políticos y candidatos.
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