La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó negar la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para no hacer ajustes a su presupuesto en ocasión de la revocación de mandato, además de que advirtió que su personal podría incurrir en sanciones hasta penales en caso de no llevar a cabo el proceso.
Apenas el pasado 7 de diciembre el órgano electoral interpuso una controversia constitucional contra el recorte que la Cámara de Diputados le impuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. El alegato del INE es que con disminución de sus recursos es contraria a la Constitución porque le impide cumplir con sus funciones
Así, expuso el INE, la Cámara de Diputados negó el presupuesto necesario para cumplir con el proceso de revocación de mandato en caso de que se llegue a realizar, por lo que se encontraría en la imposibilidad de cumplir con él porque implica la organización y la logística de una elección federal.
Sin embargo, este martes un ministro de la SCJN consideró improcedente la suspensión solicitada por el INE para no hacer el ajuste a su presupuesto con motivo de la revocación de mandato, y, en caso de no realizarla, podría enfrentar sanciones hasta penales.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, considera la resolución.
El artículo referido por el ministro establece que el instituto debe hacer los ajustes presupuestales que fueren necesarios para efectuar el proceso de revocación de mandato.
Sin embargo, en un mensaje difundido el pasado domingo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que el viernes 10 de diciembre el órgano aprobó su presupuesto definitivo para 2022, para lo cual realizó el ajuste por el recorte que hizo la Cámara de Diputados a la solicitud que originalmente le fue formulada.
Hizo esos ajustes para cumplir con el proceso de revocación de mandato, que requiere más de 3 mil 830 millones de pesos. Así, dijo Córdova, el instituto hizo una liberación de 445.4 millones provenientes del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos, una meta de ahorro de 227.1 millones de pesos en diversas áreas, además de 830.5 millones de pesos aprobados por los diputados para la realización de eventuales ejercicios de consulta popular.
Así, informó Córdova, el INE cuenta con mil 503 millones de pesos para la revocación de mandato en caso de que se necesario hacerla. Pero es una cifra insuficiente para cumplir con lo establecido con la ley en la materia, como el requerimiento de instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal.
Para poder realizar ese ejercicio conforme a lo que establece la ley, afirmó el funcionario electoral, hay un faltante de 2 mil 300 millones de pesos. Por ello, dijo Córdova, se promovió la controversia constitucional para que la SCJN ordene cómo debe avanzar el instituto u ordene que se otorguen al INE los recursos necesarios.
Aunque la SCJN aún no ha llegado al fondo del asunto, como se puede apreciar el INE ya hizo ajustes presupuestales y aún está lejos de la cantidad de recursos necesarios para cumplir con el proceso de revocación de mandato.
El acuerdo del ministro de la SCJN, por otra parte, sí concede la suspensión provisional en cuanto a los salarios de consejeros y funcionarios de alto nivel del INE, por lo cual podrán seguir recibiendo percepciones por encima de las del presidente de la República mientras ese tribunal resuelve el fondo de la respectiva controversia constitucional.
