*Para mi muy querido Jesús Eduardo Toledano Landero, de quien he aprendido tanto, y a quien respeto y admiro profundamente.
Mucho se ha hablado en los últimos años de la desaparición de políticas públicas exitosas que por provenir de administraciones pasadas fueron dechadas por el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” como el programa de estancias infantiles, Oportunidades, los albergues para mujeres vícitimas de violencia o el Seguro de Vida para Madres Jefas de Familias, pero poco se hace referencia al olvido en el que ha permanecido más del 16.5 por ciento de la población, me refiero a las personas con discapacidad.
Fiel a su estilo, durante la presentación de su más reciente Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó más de una hora para hablar de lo que para él fueron sus logros. Sin embargo, en tan extensa alocución hubo sólo una mención a este segmento poblacional que merece atenciones especiales, lo cual resulta muy relevante, pues con ello demuestra su posición y visión sobre el tema, inexacta o anticuada, por decir lo menos.
Menos de un minuto destinó para hablar de este porción de la población de más de 20 millones de personas al decir: “Es una realidad virtuosa el programa de la pensión, que ya beneficia a (…) a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad, que ya se está ampliando a otras edades con la celebración de convenios con los gobiernos estatales y pronto este programa tan humano será universal”.
Su guión decía un millón de niñas y niños pobres con discapacidad, cuando se refería al programa de pensiones para personas con discapacidad permanente de Bienestar. Pero, según los datos del anexo del mismo informe entregado al Poder Legislativo la cifra es incorrecta: este año solo 973 mil 544 personas reciben oficialmente ese pago bimensual. Es más, según sus mismos datos, este volumen de beneficiarios -que incluso propuso universalizar con acuerdo en 13 estados- en realidad va al revés, a la baja: en 2020 la pensión benefició a un millón 12 mil 227 personas, casi 40 mil personas menos en dos años.
Y no solo es el cuánto sino el cómo. El Presidente dijo “niños y niñas”, cuando este programa -con sus tardías reglas de operación- está enfocado a una población de 0 a 29 años y también para adultos con discapacidad de 30 a 64 años que vivan en municipios integrantes de pueblos indígenas, así como a los adultos de 30 a 67 años que viven en zonas urbanas con alto grado de marginación, pobreza y altos índices delictivos.
De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil “Yo también”, la visión del presidente sobre el tema (y que se puede documentar en sus acciones y programas, o por la fala de éstos) es netamente asistencialista e infantiliza a las personas con discapacidad quienes, sin importar su edad, son todos “niños”.
Pero no es solamente asistencialista sino también clientelar, porque el foco está puesto en las pensiones vía tarjetas de pago directo, que la misma Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, ha aceptado están destinadas solo a la supervivencia. Es decir, se concentra a repartir dinero y no en hacer valer sus derechos con a la educación, la salud, la vivencia, al trabajo y más.
En el informe completo entregado al Congreso de la Unión (828 páginas), solo se menciona “discapacidad” en 49 oportunidades y la gran mayoría de éstas se encuentran en los capítulos dedicados a acciones médicas, primero, y luego educativas, en algunas acciones de trabajo y deporte. No más.
Por otro lado si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 tiene un incremento de recursos “etiquetados” para grupos vulnerables y dentro de ellos para personas con discapacidad, éstos no llegan a cubrir lo que se espera sea la inflación de este año de alrededor del 9 por ciento. En todos los segmentos del PEF hay ajustes (en promedio) a la mitad de este aumento de precios excepto en la Secretaría de Salud donde se quita una cuarta parte del presupuesto -de por sí ya famélico- del 2022.
Tampoco es buena noticia que haya aumentos (aunque sean tan pequeños) porque el diablo se esconde en los detalles y luego los presupuestos desaparecen o no se ejercen como ocurrió con el presupuesto para educación especial de este año, que apenas si se distribuyó en 8 meses el 0.5 por ciento de lo aprobado y etiquetado.
De acuerdo con el Paquete Económico planteado por el presidente y aprobado por la Cámara de Diputados, se espera que a través de programa denominado Pensión “Bienestar” Universal para personas con discapacidad habrá una bolsa de cerca de 24 mil millones de pesos para este segmento de la población. Sin embargo se trata de una estrategia estrictamente clientelar.
De esta manera, el gobierno entrega dinero directo a las y los beneficiarios, sin que exista una estrategia integral de atención y asistencia a las personas con necesidades especiales, tales como servicios médicos, terapias, oportunidades laborales, servicios urbanos, transporte y educación, entre otros.
El hecho de que cuantitativamente exista mayor presupuesto, no significa necesariamente que las políticas públicas sean exitosas. El abandono de la 4T a las personas con discapacidad bien puede ilustrarse con los recursos destinados en el 2022 para atender a estudiantes con discapacidad. Según Mexicanos Primero, al menos 60 por ciento de los 715.9 millones de pesos aprobados para atender este año a alumnos y alumnas con necesidades especiales no fueron ejercidos en el periodo enero-mayo de 2022. Dichos recursos ya no llegarán a su destino y se pone en riesgo la atención y el aprendizaje de más de 170 mil estudiantes con diversas condiciones de discapacidad durante el segundo semestre del año.
Daniel Augusto/Cuartoscuro
Por otro lado, con una valoración del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa de atención a personas con discapacidad atendió en 2021 a 990,834 personas con discapacidad, es decir, sólo 65% de la población objetivo de ese año.
A pesar del aumento presupuestal, el Coneval identificó algunos problemas en la operación del programa social. Por ejemplo, no cuenta con un criterio para identificar que la discapacidad de los solicitantes es permanente. Algunas personas que buscan inscribirse al programa, incluso, refieren padecimientos que no son una discapacidad permanente.
“No contar con esta información puede dificultar la correcta selección de solicitantes”, expone el Coneval en su estudio.
También carece de un mecanismo documentado para constatar que el efectivo está completo en los sobres que reciben los beneficiarios. Además de otorgar 2,800 pesos bimestrales, esta iniciativa entrega “vales para el bienestar” a las personas con discapacidad de 0 a 17 años de edad. Se trata de un apoyo en especie para acceder a servicios de rehabilitación en instituciones de salud públicas o privadas.
Sin embargo, el Coneval identificó que se carece de mecanismos de gestión para cubrir la demanda del servicio de rehabilitación, que hasta ahora se concentra en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón. “Esto limita la capacidad de ampliar el otorgamiento de este apoyo”, señala la evaluación.
Foto: Cuartoscuro
Otra problemática es la política de austeridad del actual gobierno, que limita la contratación de personal. En el primer semestre de 2022, espuso el Coneval, cesaron las autorizaciones para contratar más personal para el programa.
“Lo anterior implica una amenaza para el programa, ya que la estructura operativa en las entidades federativas es corta y no contar con todo el personal puede complicar el desarrollo pleno de las actividades o impactar en las cargas laborales de la estructura restante”, explica.
Además, en sedes del programa municipales y locales carecen de recursos materiales suficientes para funcionar y en algunas ocasiones los operadores deben poner dinero de su bolsillo.
Vale la pena aclarar también que esta pensión no incluye a las personas con debilidad visual severa, o con discapacidad severa derivada de enfermedades crónico degenerativas como cáncer o diabetes, lo cual sería un paso para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, una población históricamente discriminada.
Sin duda, la 4T tiene un pendiente histórico con las más de 20 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país, y por lo visto, tendrán que esperar al menos dos años más para que reciban la atención necesaria.
Sugerencia
Más grave aún, debemos preguntarnos ¿el presidente de México sabrá qué en su visión de “humanismo mexicano”, es directamente responsable de violaciones a la Constitución, Tratados, Convenciones y Leyes que protegen los derechos de las minorías de personas mayores, personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual, niñas, niños y adolescentes, mujeres, jóvenes y por supuesto de las personas con discapacidad?, porque al eliminar planes, fondos y políticas públicas, legalmente establecidos, para superar la pobreza y atender las necesidades de atención, ha ocasionado un atraso de generaciones para su inclusión y desarrollo, sustituyéndolos por dádivas o subsidios mal llamados pensiones.
En el caso de la población con discapacidad, no ha cumplido con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que es vinculatoria-, de la Ley de Planeación, y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que el país cuente con un Programa Nacional, mayor presupuesto y las políticas públicas para la atención de su salud, educación, transporte, trabajo, acceso a la justicia, accesibilidad o protección social.
El mayor incumplimiento con la población con discapacidad se observa en el organismo público Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), creado para trabajar a favor de este amplio sector social, pero que permanece acéfalo porque el presidente no ha nombrado un director general desde 2018, pero en cambio le ha otorgado 35 millones de pesos por año para subsistir sin resultado.
