Van tres semanas de pesadilla y eso sólo considerando escándalos de políticos presos, primero la detención del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia; una semana después la del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y terminando la Semana Santa la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que a lo largo de varios meses se había convertido no sólo en el símbolo de la corrupción sino en el de la ineficiencia del aparato de justicia que lo dejó escapar, no son pocas cosas y menos en estos momentos de enojo ciudadano.
Con Duarte encarcelado y contando a electos e interinos vemos a siete exgobernadores presos: Mario Villanueva, Andrés Granier, Tomás Yarrington, Javier Duarte, Jesús Reyna y Flavino Ríos, todos gobernando con el signo del PRI, y Guillermo Padrés por parte del PAN; y además de ellos siete, hay ficha roja de Interpol para César Duarte y para Jorge Torres.
La crónica de la detención de Duarte en Guatemala seguramente la conoceremos a detalle poco a poco, su huida, su persecución, las claves para localizarlo, los cómplices de la huida, etcétera, pero el caso es que al detenerlo, además de los aplausos espontáneos que generó en los comensales de La Parroquia y las reacciones de actores políticos y sociales, surgen varias dudas.
-
¿Quién se pone la medalla de la detención? A diferencia de las capturas de Veytia y Yarrington, donde el gobierno mexicano no tuvo intervención, en el caso de Duarte sí hay una evidente colaboración de las autoridades de México con las de Guatemala, así que en el gobierno y en el PRI veremos esfuerzos por cantarlo como un triunfo, que efectivamente lo es, y que incluso borraría la percepción de que no lo querían atrapar; por otro lado, el gobernador de Veracruz, que hizo campaña y ganó con esa promesa, inmediatamente salió a declarar “promesa cumplida” (que recuerda el “misión cumplida” cuando se recapturó al Chapo): Creo que ninguna de las dos posturas es adecuada; el gobierno, ante tantos casos de corrupción, lo que debería hacer es seguir persiguiendo y capturando delincuentes y el PRI dejar que el ciudadano saque sus conclusiones y no ensuciarlas con posturas partidistas; en el caso del gobernador de Veracruz, aunque es muy atractivo declarar su trabajo terminado, debe más bien llamar a destruir la red de corrupción y declarar simplemente que cerrado ese capítulo en términos políticos, ahora dedicará su tiempo a combatir la delincuencia que hoy es el problema estatal.
-
¿Cómo afecta la detención de Duarte a la aprobación presidencial? No creo que tenga un efecto al menos de manera inmediata, si a esta detención siguen acciones contundentes que muestren que el presidente no se queda en las palabras sino que en los hechos hace ver la determinación de ir por corruptos, y en este sentido presiona al Senado para el nombramiento del fiscal, entonces el ciudadano podrá irse convenciendo, pero este hecho puede quedar aislado, baste recordar que las dos capturas del Chapo tuvieron incrementos ligeros y momentáneos.
-
¿Afectará las preferencias electorales? En realidad nunca sabremos, porque los “hubiera” no existen, pero lo que es un hecho es que afectará a las campañas, y no sólo Duarte sino todos los escándalos que lo rodean. En Veracruz las campañas inician en mayo pero en los otros tres estados, sobre todo en el Edomex, las campañas han sido muy sucias y así seguirán, la agenda de manera natural será contra el PRI, su dirigente se ha apresurado a recordarnos que fue expulsado hace unos meses y pedir castigo y reintegración del dinero, pero en campaña es muy difícil combatir con palabras a los hechos y las imágenes; sus opositores no dejarán pasar la oportunidad y no permitirán que al votante se le olvide el origen partidista de los funcionarios presos e insinuarán con o sin razón complicidades de todo priista. Pero, ¿quién se beneficia? En primera reacción supongo que los escándalos validan el discurso antisistema, así que aquel candidato que en forma creíble lo asuma es el beneficiario, y para no darle vuelta hoy estaría más en el terreno de Morena. (Que por cierto, es incorrecta la declaración de López Obrador al llamar “chivo expiatorio” a Duarte, porque esa figura se aplica a inocentes que son acusados para ocultar al verdadero culpable, y éste no parece ser ese caso).
-
¿Es suficiente? ¡Claro que no! Un fenómeno de corrupción como el que presuntamente representa Javier Duarte no se hace con la decisión de una persona, en esa corrupción seguramente debe haber empresarios (sí, empresarios), bancos o financieras, empleados, funcionarios municipales, estatales y federales, legisladores, prestanombres, abogados, notarios, etcétera, toda una red que habría hecho posible este desfalco. Seguramente hoy debe haber muchas personas nerviosas porque no saben hasta dónde lleguen las investigaciones, sabremos en las próximas semanas más detalles y en cada uno podremos entender mejor esa red.
-
¿Qué sigue? Creo que es evidente, en forma deseable quisiera ver el esfuerzo continuado, la aparición, persecución y detención de todos los hilos de la corrupción, el nombramiento de un fiscal anticorrupción que se especialice en este tema y cumpla con la libertad e independencia para investigar no sólo a exfuncionarios sino a funcionarios en funciones, que aparezcan pruebas y que no todo sea juicio mediático, que esas pruebas en caso de existir, permitan no sólo encarcelar corruptos sino recuperar bienes y recursos, que veamos funcionar al sistema anticorrupción y que éste cierre puertas para que no se repita lo que estamos viendo, es decir, lo que sigue es limpiar y tratar de mantener limpio.
Los tres casos con los que nos han recetado los noticieros en las últimas semanas, además de los actos de corrupción llevan implícito complicidades con el crimen organizado, y de confirmarse ya no sólo es cosa de dinero sino de vidas; ante eso hay poco que decir, no hay palabras para explicar la gravedad y no habría castigo que lo compense.
Este artículo fue publicado en El Economista el 19 de abril de 2017, agradecemos a Roy Campos su autorización para publicarlo en nuestra página.
