El presidente de la República quiere dejar sin tiempos oficiales de radio y televisión al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos, de forma que monopolice la promoción del voto y la propia campaña electoral en los medios masivos de comunicación.
Andrés Manuel López Obrador aduce que el INE y los partidos deben renunciar a sus tiempos oficiales para “la difusión de campañas para la atención de situación de emergencia sanitaria”, pero pasa por alto que él condonó recientemente una parte sustancial del impuesto que los concesionarios privados pagan en especie, a los que regaló miles de horas de transmisión en radio y televisión.
El 18 de diciembre, el presidente de la República, a través de su inefable vocero, pidió al INE que le cediera los tiempos oficiales que le corresponden y que, a su vez, requiriera a los partidos políticos “su renuncia” a los tiempos oficiales en radio y televisión. El INE no tiene facultad para hacer tal requerimiento y es inexistente la “facultad de atracción” que se arguyó en el oficio respectivo, con lo que sólo quedó exhibido quien ostenta el cargo de “coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República”, de tan larguísima denominación como profunda ignorancia.
Se debe recordar que, con su decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, López Obrador privatizó la transmisión de 126 mil horas en radio y 22 mil horas en televisión cada año, cantidades que resultan de multiplicar por los 365 días del año los 16 minutos diarios por cada estación de radio y los 7 por cada canal de televisión que el presidente regaló a los dueños de la radio y la televisión, además de multiplicar el resultado por el número de estaciones y canales existentes.
Iván Méndez/Cuartoscuro
Con aquel decreto, López Obrador se autodefinió como el continuador de Gustavo Díaz Ordaz y Vicente Fox Quesada, quienes en su momento obsequiaron ampliamente a los dueños de la radio y la televisión, y tomó partido abiertamente en favor de éstos. El texto decretado afirma que “resulta pertinente reducir la carga regulatoria y fiscal que el Estado ha impuesto a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, ya que se considera que es excesiva”.
En declaraciones previas, el presidente había dicho que esta medida era una “devolución”, pero en realidad se trata de una condonación de impuestos que está prohibida por el artículo 28 de la Constitución. El decreto citado constituye además un gravoso presente a cuenta del patrimonio nacional, porque se trata de una privatización de recursos públicos, con el agravante de que el Estado no obtuvo pago alguno por tal cesión. Las empresas concesionarias quedaron en libertad de comercializar los tiempos cedidos por López Obrador, lo que constituye un negocio a costa del erario de miles de millones de pesos en beneficio de los empresarios, principalmente el duopolio televisivo. A partir de esta decisión, el gobierno federal debió pagar sus promocionales transmitidos en las señales de las concesionarias, lo que implica la duplicación del “obsequio”, pues desde entonces se paga lo que antes era el uso gratuito de los tiempos oficiales.
Por otro lado, ese decreto privatizador es un caso más de falta de planeación del gobierno federal, pues este despropósito no se anunció ni en la plataforma que el actual presidente enarboló en su campaña, ni se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Además, fue publicado en plena pandemia, a más de un mes de que se había declarado la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19.
Pero al parecer a la presidencia se le acabó el presupuesto, a la vez que se incrementó la necesidad de atender con mensajes masivos la crisis sanitaria. Pero en lugar de dar marcha atrás con la privatización, pretende ahora arrebatar al INE los tiempos de transmisión que tiene a disposición para las campañas institucionales de promoción del voto, además de los tiempos que la Constitución garantiza a los partidos para hacer sus campañas electorales en condiciones de equidad. López Obrador pretende así erigirse en la única voz que a través de la radio y la televisión invite a los ciudadanos a votar y en el único actor que por esos medios haga campaña electoral.
Cincelada: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no garantizó la paridad de género, se limitó a informar del “estado que guarda el engrose” de su sentencia. Un vodevil esa Sala Superior.
