El afán pedagógico que mostró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respecto a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, debiera extenderlo a los encargados de los Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias del gobierno.
Por negligencia, por flojera o por irresponsabilidad, en el Sistema Aeroportuario dejaron pasar las advertencias sobre los costos que pudiera tener la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y firmaron los documentos de confronta, como reveló el auditor superior, David Colmenares, en entrevista con Joaquín López Dóriga, este jueves.
Como la auditoria era de desempeño y por ello no es vinculatoria, no la atendieron con la diligencia debida ni informaron a sus superiores de cómo se podría presentar la resolución.
Cuartoscuro
Lo curioso es que no se manifestaron al respecto, hasta que estalló la bomba, porque creyeron que la ASF no se atrevería a realizar señalamientos profundos y porque pensaron que el manto protector de la 4T alcanzaba para parar lo que por donde se le vea y más allá de los montos, es un despilfarro de recursos.
Colmenares ya admitió que pueden existir errores, no acciones deliberadas, en la metodología respecto al cálculo sobre el costo final de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, y para ello hay una comisión investigando, pero todos saben que se sobrepasaron los 100 mil millones de pesos que estaban contemplados y que una deuda privada, se convirtió en pública.
Hay que tener presente que respecto al proyecto y la construcción en Texcoco, no hay denuncia alguna por corrupción, aunque la propaganda para cancelarlo haya dicho otra cosa. Quizá por eso se desató la tormenta, porque el señalamiento desnuda una decisión errónea por donde se le vea y que fue la destruir una de los obras de infraestructura más destacadas en el mundo.
Algo similar podría hacer la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para presentar las aclaraciones necesarias y para demostrar que le asiste la razón en sus quejas sobre los resultados de la revisión a la que fue sujeto el proyecto de Dos Bocas y de paso argumentar sobre la pertinencia de edificación sobre un pantano. Es cuestión de atender requerimientos y de establecer tramos de control adecuados, pero eso suele dar mucha flojera.
La discusión pública está centrada en la labor de la ASF y en la calidad de los informes, cuando convendría también revisar los señalamientos sobre el desempeño mismo del gobierno y de las fallas en el control y la utilización de los recursos. Ahí está el meollo del asunto.
