Como un atentado a la democracia calificó el Presidente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con la cual ratificó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar informes de gastos de precampaña.
El Presidente debía saber —su consejero jurídico tenía que informárselo— que lo que hizo el INE no fue sino aplicar la ley, que de manera inequívoca ordena: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña… no podrá ser registrado legalmente como candidato”.
Atentado a la democracia, a la más elemental decencia y a las pautas mínimas de convivencia pacífica, fueron las amenazas del imputado de varios delitos sexuales contra los consejeros del INE que cumplieron con la ley. Se necesita estar poseído por una extrema bajeza moral para llevar al sitio contra el instituto un ataúd con el nombre de su titular, preguntar a los sitiadores si les gustaría conocer dónde vive y amenazar: si no se someten, “vamos a buscar y a encontrar a los consejeros”.
Ni la hoy desnaturalizada Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni nadie en el gobierno condenó la gravísima amenaza, que pone en riesgo la integridad de los consejeros que votaron cumpliendo con la ley. La secretaria de Gobernación hizo un inaudito “llamado a mantener la legalidad y el respeto mutuo, tanto a la legalidad como a los servidores públicos”, como si el INE hubiese procedido con una actitud similar a la del amenazador. El líder de Morena negó que el protegido del Presidente hubiera amenazado: es que es dicharachero, lo excusó.
Lo que resolvió el INE en un par de ocasiones fue con estricto apego a la legalidad y con valentía. Como enfatizó el consejero Ciro Murayama: el INE no está para complacer al poder, sino para hacer valer la Constitución, por lo que, a pesar de chantajes y amenazas, no se doblegará.
La amenaza de Salgado Macedonio es una conducta tipificada en el Código Penal Federal, que prevé una punibilidad de seis meses a siete años de prisión aplicable a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar una determinación.
No es el anterior el único atentado de estos días. El Presidente está obstinado en no vacunar por ahora al personal sanitario del sector privado, el cual, como el del sector público, se expone al virus en cada jornada, no sólo el personal que atiende a los enfermos confirmados sino a cualquier paciente, porque cualquiera podría estar contagiado.
Cuando el Presidente tuvo un problema cardiaco se atendió en un hospital privado, en el que felizmente lo sacaron adelante, y sus consultas y chequeos son con médicos del sector privado. Es incomprensible que llame héroes —con toda razón— a quienes han combatido la pandemia, pero su gobierno esté relegando en la vacunación a personal que labora en el sector privado, a pesar de que nuestro país ocupa el nada honroso primer puesto mundial en cantidad de trabajadores de la salud fallecidos.
Un atentado más es contra los niños de primaria. El gobierno decidió la producción exprés —una semana para elaborarlos, otra para corregirlos— de libros de texto para los estudiantes de primaria. Esa delicada tarea amerita una dedicación de no menos de nueve meses. El responsable de ese proceso, no obstante que reconoce que “la presión en los tiempos puede ser una variable en la calidad de las secuencias didácticas”, asevera, aunque parezca increíble, que quienes dudan de que se logren libros aceptables son “sujetos desalmados, sin empatía, elitistas (sic)”.
Además, es inaceptable el anunciado objetivo de adoctrinamiento de los niños —“rediseñar materiales para evadir el sistema capitalista” (sic) en esos textos. Como advierte Fernando Savater: nuestras democracias dan al capitalismo en su zona productiva de bienes y tecnología, a la socialdemocracia en lo tocante a redistribución y protección social, y son liberales en costumbres y creencias. “Nadie sensato cree —observa el filósofo español— que sería mejor borrar del mapa político el capitalismo, la socialdemocracia o el liberalismo”.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 15 de abril de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
