Cuando usted lee, ve, o escucha, un contenido en internet, ¿está usted seguro de quién lo puso ahí? ¿está usted seguro que quien puso un contenido en internet, es quién dice ser? ¿para qué lo puso ahí? O aún más, ¿está usted seguro que lo que usted lee, ve o escucha en internet no fue puesto con la intención de manipularlo?
Las redes sociales son la nueva plaza pública, el espacio donde la gente, los usuarios, recurren para comentar acerca de los temas de relevancia, consultar información y leer opiniones, buscando entender la situación actual y su entorno próximo.
Esa capacidad de llegar a una audiencia tan amplia y ávida les da especial importancia como un medio por el cual se ejerce una forma de manipulación, efectiva pero sutil.
Las interacciones en los medios digitales son un nuevo frente donde un poder puede influir en las percepciones de la gente y en consecuencia en su comportamiento. En el caso específico de las redes sociales lo han logrado aprovechando las diferencias en el acuerdo social amplificando y radicalizando los discursos discordantes o en su defecto causando confusión.
El problema es que posiblemente las preguntas que menos nos hacemos son, ¿quién es ese poder y qué quiere?
A partir del referéndum por la permanencia o no de la Gran Bretaña en la Unión Europea, el Brexit, y la elección presidencial de Estados Unidos, ambos en 2016 y solo por mencionar los ejemplos más citados y estudiados, se evidenció la posibilidad que un gobierno extranjero sea el factor determinante en la influencia social aprovechando las redes sociales.
Desde entonces, no sin una inmensa presión política y social, las empresas dueñas de las principales plataformas globales de interacción, Facebook, Twitter, y Google con YouTube, han participado con las autoridades en la investigación para entender, y en su caso detener, este tipo de operaciones.
Comportamiento no auténtico
Es un problema mucho más complejo de lo que parece. Por la dinámica social y el formato de sus interacciones Facebook y Twitter han sido las plataformas donde la operación con fines de manipulación es perceptible. Y es por la misma razón que son las empresas que más han expuesto sus hallazgos en esta área.
Cuando un usuario real participa dentro de estas plataformas lo hace considerando que interactúa con sus similares, de igual a igual. Las campañas de manipulación no se basan, de hecho, en ofrecer algo distinto a lo que un usuario real presentaría, por lo que como tal no se limita a contenido que necesariamente sea falso, ni basado en discurso de odio, sino más bien ofrece contenido que busca generar afinidad en grupos formados por audiencias objetivo.
Y a partir de generar esa afinidad, entonces, poder iniciar ciclos de polarización manipulando sesgos cognitivos. Lo que ampliamente se ha comentado en este espacio donde participan, además, los agentes de influencia adversa, los troles, amplificados por métodos automatizados, los bots. Por eso se considera que es un comportamiento coordinado.
El problema es que en las campañas de manipulación e influencia con fines políticos se pueden encontrar operadores que aprovechan precisamente un modelo legítimo de interacción, pero con fines no legítimos al no ser realmente quienes dicen ser.
Se valen de construir una influencia, un prestigio y en consecuencia una autoridad, que les permite inducir comportamientos en la audiencia a partir del contenido que publican. No importa si es una organización, una institución, un medio, o simplemente alguien que dice ser un usuario cualquiera.
En esta lógica, las empresas están considerando la coordinación que se puede asociar a los gobiernos, locales o extranjeros, o cualquier otra forma de comportamiento no autentico.
Lo que se busca es evitar que el entorno social digital sea utilizado para modificar el comportamiento de los usuarios de manera manipulada especialmente con fines políticos. Le consideran una forma ilegítima, no autentica, de ejercer el poder por parte de los gobiernos.
Cuando un gobierno, el que sea, explota de esta manera el entorno social digital, está coartando la libertad de informarse, de exigir resultados y cuentas, pero aún peor si se da en contextos electorales donde entonces además se vulnera la libertad de ejercer los derechos políticos y electorales.
Que no se entienda mal, un gobierno está en posibilidad de aprovechar las plataformas de forma legítima presentándose como tal y apegado siempre a los términos de uso y marco legal que rige al entorno digital.
Pero cuando el esfuerzo se realiza de manera que los operadores dicen ser quienes no son se coartan libertades y derechos de los usuarios que legítimamente interactúan con ellos.
¿Y México?
Ojalá pronto las empresas volteen a ver con seriedad el escenario mexicano, no es un asunto que se debería ver ajeno o distante. Nada menos el pasado 21 de octubre Facebook anunció en su blog oficial¹ la remoción de 93 cuentas que manejaban 17 páginas y 4 cuentas de Instagram. Estas cuentas estaban operadas desde Irán y simulaban ser usuarios ubicados en Nigeria y Francia.
Pero. En esa misma operación Facebook reporta haber dado de baja 38 cuentas de Facebook que manejaban 6 páginas y 4 grupos, además de 10 cuentas de Instagram, todas originadas en Irán y enfocadas en simular ser usuarios para influir especialmente en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y México.
En todos los casos, los operadores de las cuentas se presentaban como si estuvieran ubicados en los países sobre los que buscaban influir, publicando información de organizaciones, noticias, y coordinando tráfico a sitios de supuestos medios independientes.
Internet no conoce fronteras, al menos no aún. La libertad de expresión y de mantenerse informado, son principios de relevancia a nivel mundial donde internet juega un papel esencial, aunque de esa misma dimensión sean los riesgos al aprovechar la información y las dinámicas sociales con fines ilegítimos.
Hagamos red, sigamos conectados. Que el usuario real se adueñe de la red.
