A lo que están llevando la difusión de los audios por parte de la gobernadora de Campeche es a la degradación de la política.
Se ha provocado un ambiente morboso que cruza por la ilegalidad. Si todo lo que se ha escuchado en los audios es cierto estamos en terrenos en que no es fácil distinguir lo que es ilegal y lo que es una intromisión en la vida privada de Alejandro Moreno.
El presidente del PRI tiene una alta dosis de impresentable; sin embargo, tiene derechos y toda referencia que se haga sobre él tendrá que ser probada, los audios no son suficientes.
No pareciera que el gobierno de Campeche esté actuando en el marco del derecho, da la impresión que prevalece la discrecionalidad y el abuso del poder bajo formas que en innumerables ocasiones quienes hoy gobiernan desacreditaron.
No insinuamos que el líder del PRI pudiera no ser responsable de lo que se le señala, lo que pasa es que al difundir los audios se lleva el tema al escándalo y la desacreditación antes que colocarlo en la justicia.
Layda Sansores está llevando muy lejos las cosas y si no tiene un plan de contingencia se le pueden revertir. Está entrando en terrenos en donde sus declaraciones tienen consecuencias por ser quien es, por su cercanía con el Presidente, el cual debe estar al tanto de todo, y porque señaló a mujeres del PRI que presuntamente habrían enviado fotografías íntimas, o algo parecido, a Alito buscando tener algún beneficio político, o como se quiera interpretar.
El tema difícilmente tiene camino de regreso. Porque ante el eventual caso que así fuera, las cosas conjuntan dos elementos: la declaración de una gobernadora violando principios de intimidad puede llegar a los terrenos de la Ley Olimpia, a la vez que se mete en terrenos en que se puede violar el debido proceso; no vaya a ser que termine como víctima el personaje al que señala.
El otro elemento está en que bajo la presunción de que las fotografías existan se coloque al presidente del PRI bajo otra responsabilidad más, independientemente de las que ya se le señalan, hoy por innumerables razones lo que está presentándose debe ser investigado.
Estas consideraciones son importantes, porque cruzan la vida privada de las personas y se contraponen con firmes intentos de cambiar el orden de las cosas en esta materia.
Hay una presunta exposición que en caso de que se confirme lleva a algo a un lamentable escándalo que involucra a denunciantes, denunciados y a las mujeres que presuntamente enviaron fotos; entramos en un laberinto.
Hay otras consideraciones, las cuales caen en el ámbito político. El objetivo que está detrás de la difusión de estos audios podría tener que ver con “recordarle” a Alejandro Moreno que no se sumó, y con ello el PRI, a la aprobación de la Reforma Eléctrica.
Las cosas pasan al mismo tiempo, bajo esta consideración, por los terrenos de lo legal, del uso discrecional de las leyes y por las amenazas. Como decíamos hace unos días, no hay manera de imaginar que el Presidente no esté al tanto y más siendo una gobernadora de Morena, quien es algo así como fan de López Obrador.
Agreguemos un elemento más. Dentro de las secuelas Va por México es colocado en medio de un gran lío, lo cual no se descarta que podría ser un objetivo más de la difusión de los audios.
No hay vuelta atrás, porque hay muchos asuntos de por medio que se confrontan con la lucha por cambiar el estado de las cosas. No hay vuelta atrás, porque estamos ante una oportunidad de limpiar la política y de ver si efectivamente no son como los de antes.
RESQUICIOS.
Sorprende que el Presidente haya dicho que no tenía información del Cártel de Sinaloa en la capital. Por lo que dijo Omar García Harfuch sobre la balacera en Topilejo todo indica que quienes perpetraron la violencia y secuestros fue del cártel de los chapitos, lo cual no pudo aparecer de un día a otro, algo preocupantemente se les peló a las 6:00 a. m.
Este artículo fue publicado en La Razón el 15 de julio de 2022. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
