El asesinato de López Ramírez, ocurrido el 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, fue culpa de policías municipales. Así lo indican los relatos que han ofrecido familiares de ese ciudadano de 30 años, que según dicen se dedicaba a la albañilería y que aparentemente fue detenido por no llevar cubrebocas. Sean cuales fueren el oficio del victimado y la causa de la aprehensión, se trató de un crimen.
El video que comenzó a circular hace unos días muestra que, cuando lo detienen, Giovanni López iba tan sano que puso resistencia durante varios minutos mientras una decena de policías se dividían entre el esfuerzo para meterlo a una patrulla y los gritos a quienes presenciaban ese incidente. Entre ellos estaba Christian Daniel López, hermano del detenido y autor de la videograbación. Al día siguiente encontraron muerto a Giovanni, con golpes en la cabeza y el cuerpo y con un balazo en una pierna.
Ixtlahuacán está unos 30 kilómetros al sur de Guadalajara y no es la primera vez que allí se conocen abusos de la policía municipal. En los años recientes varias notas periodísticas indicaron que el Cartel Jalisco Nueva Generación tiene fuerte influencia en esa población. Por otra parte el hermano del joven asesinado asegura que el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, le ofreció a su familia 200 mil pesos para que no difundieran el video del arresto de Giovanni. El alcalde ha negado esa versión.
El viernes 5 de junio la Secretaría de Seguridad de Jalisco intervino a la policía de Ixtlahuacán. Fueron detenidos tres agentes, entre ellos el comisario de la policía municipal.
Aunque la aprehensión y la muerte de Giovanni López ocurrieron entre el 4 y el 5 de mayo, el video donde se le mira forcejeando con varios policías fue difundido apenas el 3 de junio, en el portal de noticias Latin.us. El asesinato y la versión de que fue aprehendido por no llevar cubrebocas desataron una extendida indignación en todo el país. En esos días crecieron las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd en Minnesota. Ambos fueron casos de brutalidad policiaca. La indignación pasó de las redes, a las calles.
La muerte de Giovanni López Ramírez fue responsabilidad de policías municipales. Sin embargo en las redes, y luego en las calles de Guadalajara y la Ciudad de México, hubo quienes culparon de ese crimen al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
El asesinato en Ixtlahuacán, vale la pena subrayarlo, es indefendible. Pero para que haya justicia es preciso ubicarlo en sus dimensiones exactas. Es irrelevante si a López Ramírez lo detuvieron por no traer cubrebocas o por cualquier otro motivo. Es un hecho que se encontraba en buenas condiciones físicas y, pocas horas después, estaba muerto y con señales de tortura. El gobierno de Jalisco ha dispuesto que el empleo de cubrebocas es obligatorio pero ello no implica que a quienes no cumplen con ese deber los tengan que agarrar a golpes.
Lo que sí ha hecho el gobernador Alfaro, debido a la la pandemia por el coronavirus, es desarrollar medidas que contrastan con la política (o la ausencia de ella) del gobierno federal. En desacuerdo con la decisión para no hacer pruebas, en Jalisco el gobernador emprendió su propio programa para detectar personas infectadas y exigió al gobierno federal que permitiera la importación de reactivos. A diferencia de la indecisión federal sobre cubrebocas, permanencia en casa y distancia física, en Jalisco esas medidas son obligatorias. Mientras a las empresas afectadas en esta crisis el gobierno federal les ofreció microcréditos de 25 mil pesos a una tasa de 6.5%, Alfaro impulsa un programa de créditos sin intereses por hasta 150 mil pesos. A diferencia de López Obrador que se niega a contratar deuda para enfrentar esta circunstancia —medida que han tomado muchos gobiernos en el mundo— Alfaro obtuvo préstamos que le darán a Jalisco mayor margen para enfrentar las dificultades económicas que apenas comienzan.
Ese contraste le disgusta sobremanera al presidente de la República. Y ya se ha visto que cuando López Obrador se inconforma con alguien, hay una legión de fieles suyos que se apresuran a repartir vituperios.
Las protestas en Guadalajara tuvieron una base social auténtica. En Jalisco se han registrado terribles episodios de violencia contra los jóvenes, especialmente por parte de grupos delincuenciales pero también hay casos documentados de agresiones policiacas. Las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de Floyd contribuyeron a esa rabia. A los adversarios del gobernador no les hacía falta mucha iniciativa para contribuir a exacerbar la irritación de los manifestantes. Alfaro ha sugerido que en la manifestación del jueves 4 afuera del Palacio de Gobierno había personas que llegaron de fuera para provocar. Hasta ahora no ha ofrecido evidencias de ello y allí radica uno de sus errores en este episodio.
Si hubo quienes cometieron acciones ilegales, las autoridades de Jalisco tendrían que haberlos sometido a proceso independientemente de que radiquen o no en esa entidad. Echarle la culpa a agentes externos de la inconformidad en las calles ha sido un viejo y siempre fallido recurso de los gobiernos autoritarios en México. Los abusos de algunos manifestantes son muy claros, especialmente cuando uno de ellos arrojó combustible y le prendió fuego, en la espalda, a un policía.
Otra equivocación del gobernador Alfaro fue la tardanza para actuar en Ixtlahuacán. Para el viernes 5, cuando las autoridades de Jalisco se hicieron cargo del cuerpo policiaco en ese municipio, habían pasado dos días de cólera en las redes y en las calles.
Aunque era claro que la muerte de Giovanni López fue responsabilidad de policías y autoridades municipales, desde el gobierno federal y el partido en el gobierno abundaron expresiones infundadas para culpar al gobierno de Jalisco. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la muerte de ese joven ocurrió “en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia”. Esas medidas han estado ajustadas a la ley. La muerte de López Ramírez no se debió a ellas y el subsecretario lo sabe, pero aprovechó ese incidente para participar en el linchamiento político contra Alfaro.
El viernes 5, cuando acudían a nuevas manifestaciones en el centro de Guadalajara, varias docenas de jóvenes fueron aprehendidos por policías ministeriales vestidos de civil. En algunos casos los policías llevaban armas de fuego y, en otros, palos. A varios de los así arrestados los subieron a vehículos no oficiales. Se trató de una redada colmada de abusos, absolutamente ilegal porque las personas detenidas no cometían delitos y doblemente abusiva porque los agentes no iban uniformados. Toda una sarta de ilegalidades de las que, entonces sí, fue responsable el gobierno de Jalisco.
Hasta el sábado por la tarde, 29 personas permanecían detenidas después de esas aprehensiones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez. Luego se informó que todas habían sido liberadas. Por otra parte, fueron detenidos dos agentes de esa corporación.
La doctora Mara Robles, que es diputada del Congreso de Jalisco, exigió la renuncia del fiscal en un comunicado que expresa la desazón por los hechos del 5 de junio: “El fiscal, conoció el crimen contra Giovanni y no le procuró justicia pronta y expedita… Pero lo de ayer es imperdonable. Reviví el ‘Halconazo’, policías que deberían cuidarnos, se disfrazaron de civiles y actuaron con alevosía, ventaja y premeditación para reprimir una manifestación pacífica. No caben eufemismos. Y yo, no soy cómplice de la represión. Se golpeó, se persiguió, se secuestró y se desapareció a jóvenes, estudiantes y periodistas. Es Intolerable”.
La diputada Robles es parte de Movimiento Ciudadano, el partido al que también pertenece el gobernador Alfaro.
El gobernador ha dicho que tiene la certeza de que las aprehensiones ilegales no fueron ordenadas por el fiscal Solís Gómez e, inclusive, consideró que esa instrucción pudo surgir de “grupos de la delincuencia”. De ser así, la situación es todavía peor. No se trataría sólo de un abuso de autoridad sino del control, por parte de delincuentes, de al menos un segmento de la institución encargada de la justicia en Jalisco. En cualquiera de los casos la responsabilidad del fiscal es evidente.
El gobernador Enrique Alfaro ha tenido un desempeño ejemplar para enfrentar la pandemia. Mientras el gobierno federal está sujeto a los caprichos de quienes abominan el cubrebocas y las pruebas y se contradicen sobre esos y otros recursos, en Jalisco se han tomado decisiones sustentadas en criterios científicos y sin desconocer la crisis económica que ya llegó. López Obrador le ha cobrado al gobernador Alfaro una animosidad tan irracional que ahora lo acusa de “¡salinista!” con la misma riqueza argumental con la que dice “¡fuchi, caca!” a lo que no le gusta. Ahora, sin embargo, Alfaro se encuentra ante una descomposición de su aparato judicial a la que no puede disculpar aludiendo a provocadores de fuera.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 8 de junio de 2020, agradecemos a Raúl Trejo Delarbre su autorización para publicarlo en nuestra página.
