Retomemos el tema de ayer. La oposición optó por presentar una demanda en Washington sobre la presunta presencia e influencia del narcotráfico en el pasado proceso electoral.
No queda claro por qué lo hizo de esta manera. Como todo cabe, igual pudo ser por su abierta desconfianza en los aparatos de justicia, porque querían de alguna forma poner en duda el proceso y los triunfos de Morena como si ellos no estuvieran en el mismo barco y, finalmente, también cabe que de manera cuestionable busquen entrar en los terrenos de lo que con razón se llama “politiquería”.
Sin que sea algo nuevo, en el pasado proceso electoral se evidenció una mayor presencia del narcotráfico en las elecciones, siendo en algunos municipios significativa e intimidatoria.
Por muchos motivos el asunto es delicado, y también porque lo que deriva de ello es que los problemas se enquistan, siendo realmente difícil salir de ellos dejando el terreno a los dictados del narcotráfico.
Es definitivo que para que las cosas cambien se requiere de tiempo, de políticas públicas de largo alcance y, sobre todo, de estrategias efectivas en seguridad.
El gobernador de Michoacán ha insistido, con todo y silla, que tiene pruebas sobre lo que pasó en su estado en las elecciones. Tendrá sus razones para no hacer públicos los documentos, pero a querer o no crea especulación, confusión y grilla.
Se apersonó con todo y silla en Palacio Nacional y en donde pudo, para mostrar “pruebas” sobre la presencia de la delincuencia organizada, pero por alguna razón, la cual quizá pase por la misma idea de los partidos de oposición, terminó en el extranjero; es probable que el material de Silvano Aureoles en sus voluminosos fólderes, sea similar al de Va por México.
En estos días se han dado a conocer evidencias sobre la participación e influencia de la delincuencia organizada en los comicios, a través del avezado escritor y periodista Héctor de Mauleón. Los testimonios de lo que se presume pasó en Culiacán, Taxco y Edomex, entre otros, muestran lo que pudo haber sucedido también en más de alguna comunidad.
A este extraordinario trabajo hay que sumar las investigaciones de periodistas en algunos estados, que ofrecen pruebas de lo sucedido, antes y durante la jornada electoral.
Los partidos que fueron a denunciar a Washington la presencia de la delincuencia organizada en las elecciones, debieron haberlo hecho primero en el país. Le hubiera dado mayor peso a su denuncia, además de que no se puede pasar por alto el forcejeo sistemático bajo el cual viven la OEA y el Gobierno mexicano.
Se tiene que empezar en el país porque además de que deben ser nuestras leyes las que se encarguen de un asunto de esta naturaleza que debería abrir el debate, como lo decíamos ayer, sobre un tema del cual nadie puede aislarse, lo que incluye a la propia Presidencia de la República.
Para un tema de esta envergadura no ayuda la rebatinga política. La polarización, si a alguien le viene bien, es a la delincuencia organizada, porque le da capacidad de maniobra y oportunidad para actuar, independientemente de que en algunas comunidades las condiciones socioeconómicas sean terreno fértil.
Ante hechos como los que se vienen, no es la mejor de las respuestas la que el Presidente emitió a Va por México, al decirles algo que se interpretó como amenazante: “se les puede aparecer García Luna”.
Lo que no se haga hoy va a tener consecuencias en los próximos procesos electorales, sobre todo en 2024.
Las denuncias de la oposición se debieron presentar primeramente en el país, porque al no hacerlo abrieron un flanco de ésos que si a alguien le gustan y sabe utilizar es a ysq.
RESQUICIOS
Al caso Lozoya se le está acabando el tiempo y la oportunidad. En los últimos días se han filtrado informaciones que andan creando ruido con base en presuntos testimonios de un hombre al que no hemos visto, y que formó parte de lo que hoy denuncia.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de agosto de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
