Está en la economía informal la mitad de las personas que en México tienen trabajo e ingresos por salario. El salario que perciben no es fijo y/o tiende a estar por debajo del precio de la canasta básica. No tienen contrato individual, mucho menos contrato colectivo y prestaciones. Tampoco están inscritos en algún sistema de seguridad social o de ahorro para el retiro. Su permanencia en el empleo es frágil, precaria, pues los suyos no son trabajos de planta, dependen de la voluntad de su empleador, de los vaivenes del mercado y hasta de las condiciones climáticas.
Para los economistas, la informalidad laboral es el porcentaje de la población ocupada no agropecuaria que es laboralmente vulnerable, dado que no cuentan con un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo. Los trabajadores que se encuentran en esta condición no tienen derechos laborales como la pensión para la vejez, el acceso a servicios de salud, prima vacacional, jornada laboral y días de descanso. Tampoco pueden contar con una liquidación al término de la relación laboral. La Ley Federal de Trabajo es letra muerta para la mitad de los trabajadores de México.
El 51% de la población ocupada del país está en un empleo informal, según datos de la consultora México ¿cómo vamos? al corte del segundo trimestre de 2023. El organismo no gubernamental da cuenta de la asociación que hay entre la informalidad laboral y la pobreza, pues “estados como Oaxaca y Guerrero no solo tienen los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino que también tienen las proporciones más elevadas de trabajadores en informalidad laboral”. Asimismo, observó que las mujeres trabajadoras son más afectadas que los hombres por la pobreza y la informalidad laboral.
En cuanto a la distribución geográfica del problema, se observó que en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Puebla se registraron tasas por encima del 65% de informalidad laboral, mientras que en estados del norte del país como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, las tasas de informalidad se colocaron entre 31.1% y 36.6% de su población ocupada no agropecuaria.
La precarización del trabajo es un problema estructural de ondas raíces que se agudizó a partir de la década de los 80 y que se ha extendido y ampliado sus efectos de evasión fiscal, pobreza laboral e incertidumbre. No es un problema creado por la actual administración, pero este gobierno no ha hecho nada para avanzar en su solución.
Cuando López Obrador presume que se elevó el salario mínimo como no se hacía desde hace mucho, omite decir que el ámbito del salario mínimo es el trabajo formal, en el que está menos de la mitad de la población ocupada. Nada tiene qué ver el salario mínimo para los trabajadores que están en la informalidad, pues sus salarios son igualmente informales: dependen de la marcha del negocio y de la voluntad de sus patrones, no reciben pago salarial cuando no hay trabajo por los azares de la producción o por el clima. En muchos casos, sus salarios se forman con las propinas que dejan los clientes o con una comisión fijada unilateralmente por el patrón.
También se vanagloria este gobierno de su política social, de la repartición “directa, sin intermediarios” de ayudas asistenciales. En algunos casos (cuando los beneficiarios se salvan de las garras de la corrupción de los servidores de la nación), los apoyos pueden servir para paliar de momento las condiciones más adversas de la pobreza, pero esto no resuelve el problema de la informalidad del trabajo ni atempera sus graves efectos en la economía de las familias trabajadoras.
En realidad, se necesita una política económica alternativa que aproveche las potencialidades de la economía mexicana, fomente la inversión y la creación de empleos formales, calificados y bien remunerados.
Cincelada: El nepotismo de la 4T seguirá ganando batallas: todo indica que otra de las hijas de quien fue contralora de AMLO en la CDMX será designada, de a dedazo, como nueva ministra de la SCJN.
