Ante la solicitud de AT&T para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interviniera frente al gobierno federal para que éste reduzca los derechos por uso del espectro radioeléctrico lo que recibimos de los comisionados fue la más patética de las respuestas, que nos permite ver el verdadero tamaño de esos hombres pequeños, sumisos y de traje gris. En pocas palabras, dijeron que ese no es su problema, que ellos cumplen con enviar cada año una opinión a la Secretaría de Hacienda y que hasta ahí, que ellos nada más son los encargados de administrar el espectro. Esta indignante respuesta nos deja ver el talante de los servidores públicos que esta época absurda nos ha traído. Al más puro estilo de Florencia Serranía, ella nada más era la directora de mantenimiento y directora general del Metro cuando éste colapso por falta de mantenimiento y transas en su construcción, pero ella no tiene ninguna responsabilidad en el homicidio culposo de 26 personas derivado directamente de su negligencia e ineptitud. ¡Falta más! Ella sólo era la directora. Pues así con nuestros comisionados, ellos nada más encabezan el órgano constitucional autónomo responsable de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para que en condiciones de competencia efectiva todos los mexicanos puedan acceder a los beneficios de la sociedad de la información. ¡Ah! Y la Constitución nada más les otorga la atribución exclusiva de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. No vaya usted a pensar que estas facultades incluyen fijar las contraprestaciones a pagar por el uso y explotación del espectro. ¡Ya ve! Ellos están atados de manos y no pueden hacer nada más que cobrar su sueldo y organizar seminarios estúpidos. El resto no les compete. ¡Déjenlos descansar que están muy estresados!
Lo he dicho decenas de veces y lo seguiré haciendo hasta que el IFT o las empresas afectadas demanden la inconstitucionalidad de los derechos por uso del espectro radioeléctrico fijados en la Ley Federal de Derechos. Hay varios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que ésta le reconoce la facultad originaria al IFT para regular sus sectores, aún en contra de lo expresamente establecido en la ley. Si la Suprema Corte mantiene la consistencia de los criterios que ha ido desarrollando, deberá reconocer que el objetivo de la administración del espectro radioeléctrico es ampliar la cobertura y la calidad de los servicios, no recaudar impuestos. Tan es así, que existe disposición expresa que establece que el factor económico nunca será el determinante en la asignación del derecho al uso y explotación del espectro radioeléctrico.
A diferencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, que ante los embates constantes de la autodenominada 4T ha sabido defender con gallardía y firmeza su autonomía y el mandato constitucional que le fue conferido, el IFT ha sido particularmente temeroso y tibio ante el poder, tanto político como económico. Ha fracasado en el mandato de desconcentrar el sector y promover condiciones de competencia efectiva; Telefónica ha devuelto todo el espectro que tenía asignado simplemente porque es incosteable; ¿Cuánto durará AT&T en este entorno? Cada empresa que sale del mercado o cada inversión que no se concreta es un fracaso más del IFT. Recuerdo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de la época de Zedillo, con muy pocas atribuciones pero con comisionados fuertes y echados para delante. Hoy tenemos un IFT con todas las atribuciones con las que la Cofetel pudo haber soñado, pero con unos hombres timoratos encabezándolo. ¿Cuándo saldremos de este círculo de incompetencia, negligencia y temor?
Este artículo fue publicado en El Economista el 13 de julio de 2022. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
