Fondo de reptiles, cuando el poder compra la palabra

Hay expresiones que sobreviven a la época que las vio nacer porque describen prácticas que, lejos de desaparecer, encuentran nuevas formas de reproducirse. “Fondo de reptiles” es una de ellas. El término tiene su origen en la Alemania de Otto von Bismarck y originalmente aludía a recursos utilizados por el poder para influir sobre periodistas, periódicos y otros actores políticos. Con el tiempo, la expresión adquirió un significado más amplio: mecanismos destinados a favorecer intereses oficiales mediante recursos cuya utilización escapaba al escrutinio público.

Su origen histórico resulta revelador. Después de la guerra de 1866, Prusia confiscó bienes de la derrotada casa real de Hannover. Bismarck dispuso de los rendimientos de ese patrimonio y una parte de ellos fue destinada a favorecer publicaciones y periodistas cercanos al gobierno.

La expresión surgió de una frase del propio Bismarck. En 1869 habló de perseguir enemigos políticos, a los que calificó como “reptiles”. La operación tenía una lógica sencilla: no era indispensable clausurar todas las publicaciones críticas si existían otras dispuestas a respaldar al gobierno. Así, la influencia podía ejercerse de manera menos visible que mediante la censura directa. La prensa no tenía necesariamente que ser silenciada; bastaba con crear condiciones para que determinadas voces tuvieran mayor presencia y otras menor capacidad de actuación. Lo estamos viendo en México.

La fórmula no desapareció con Bismarck. Con el paso del tiempo, “fondo de reptiles” se convirtió en una expresión utilizada para describir fondos reservados destinados a intervenir en la vida política y en la opinión pública.

Aquí aparece la cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando quienes deberían vigilar al poder terminan dependiendo de él? Un gobierno democrático tiene, naturalmente, derecho a comunicarse con los ciudadanos. Puede contratar publicidad institucional, difundir campañas de interés público y proporcionar información oficial. El problema surge cuando los criterios para distribuir esos recursos dejan de responder al interés público y comienzan a utilizarse para favorecer determinadas líneas editoriales o condicionar la independencia de los medios.

En el México actual los contratos de comunicación y la asignación de campañas institucionales pueden convertirse en instrumentos de presión cuando su distribución carece de criterios transparentes y verificables.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido durante años sobre la concentración y discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial en México, señalando el riesgo de que los medios dependan económicamente de las instituciones a las que deberían fiscalizar. La cuestión es determinar si existen reglas claras, igualdad de condiciones y mecanismos que impidan utilizar esos recursos como premio o castigo editorial.

Un periodista que acepta deliberadamente beneficios ocultos a cambio de modificar su información traiciona la confianza de sus lectores. Pero la responsabilidad no termina en el periodista: también corresponde a las autoridades evitar que los recursos públicos se conviertan en mecanismos de subordinación.

El fenómeno tampoco es exclusivo de los regímenes autoritarios. Las democracias necesitan especial vigilancia sobre estas prácticas porque su funcionamiento depende de una ciudadanía capaz de recibir información diversa y crítica. Un periódico puede tener una orientación ideológica perfectamente legítima; puede ser conservador, liberal, progresista o abiertamente partidista. Lo esencial es que el lector conozca esa orientación y pueda distinguir entre información, opinión e intereses particulares.

El “fondo de reptiles” representa, en última instancia, una vieja tentación del poder: convertir la comunicación pública en una extensión de sus intereses políticos. Lo que cambia con las épocas son los instrumentos; el dilema permanece.

Una democracia no necesita medios complacientes ni periodistas sometidos. Necesita publicaciones capaces de investigar, cuestionar y confrontar al poder cuando los hechos lo exijan. Y necesita una gran mayoría de ciudadanos suficientemente críticos para preguntar quién informa, con qué intereses y bajo qué condiciones. Lo primero existe, lo segundo de momento es una utopía.

La libertad de prensa no consiste únicamente en que nadie cierre un periódico. También consiste en que quien escribe pueda hacerlo sin que su independencia dependa de benevolencia de aquel a quien debe vigilar.