El Tribunal Electoral federal instruyó al INE para que emita lineamientos para evitar la injerencia de los mal llamados servidores de la nación en las campañas y en las casillas electorales. Esto es trascendente porque las bases de datos de la elección federal de 2021 revisadas por este autor revelan que casi dos mil vividores de la nación fueron acreditados como representantes de Morena y sus rémoras en las casillas electorales (RC), además de que otros 500 fungieron como sus Representantes Generales (RG).
El PRD denunció el carácter inconstitucional de la operación política del gobierno actual desde el año 2019. La burocracia dorada que la lleva a cabo, cuya nómina y gastos de operación cuestan 6 mil 100 millones de pesos anuales, está comisionada por el inquilino de Palacio Nacional para hacer, casa por casa, su promoción personalizada y el proselitismo electoral en favor de Morena y sus candidatos. Para sus fines clientelares, esa estructura hace uso indebido de los recursos públicos de los programas sociales, pues condiciona la inscripción y permanencia de los beneficiarios.
La operación ilegal quedó demostrada en sentencias definitivas e inatacables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)l, que encontró responsabilidades directas de medio centenar de servidores públicos. Entre ellos, quedaron señalados por violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución María Luisa Albores, Gabriel García Hernández y Delfina Gómez, quienes entonces eran, respectivamente, Secretaria de Bienestar, Coordinador General y superdelegada en el Estado de México. También se demostró la responsabilidad de las actuales gobernadoras de Colima y Tlaxcala y del gobernador interino de Tabasco, quienes se desempeñaban como delegados en sus estados.
Recientes indagaciones descubrieron que, en la elección de gobernador de Tamaulipas de 2022, hubo decenas de servidores de la nación que fueron acreditados como RC y RG de Morena y sus aliados. Este fue un descubrimiento trascendente porque comprobó una hipótesis crucial: en su papel proselitista estos burócratas federales coaccionaron y presionaron a los electores al interior de las propias casillas electorales, valiéndose indebidamente de la acreditación registrada y sellada por el INE.
El agravio respectivo, que el equipo del PRD formuló con base en el hallazgo, se integró al recurso de inconformidad que en su momento interpuso el PAN a nombre de la coalición Va por Tamaulipas. Los tribunales electorales locales hicieron caso omiso de esta denuncia pero, al calificar aquella elección de gobernador, la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE la expedición de lineamientos para evitar en el futuro la injerencia de los “servidores de la nación” en los procesos electorales y, de manera específica, en la jornada electoral. Esto quedó asentado en la sentencia SUP-JRC-101/2022, en la cual se incluyó también la prevención sobre la conducta de todos los servidores públicos.
La hipótesis y la metodología utilizadas en el caso de la elección local de Tamaulipas se aplicó a los datos de las elecciones de 2020 a 2022, encontrándose que en las elecciones locales de 2020 fueron 78 los servidores de la nación acreditados como RC y 8 como RG. En las locales de 2022, 182 fueron acreditados como RC y 24 fungieron como RG (incluidos los hallados en Tamaulipas). Pero los datos de escándalo son lis de la elección federal intermedia, en las que 1,973 servidores de la nación fueron acreditados como RC y otros 514 fungieron como RG en más de 200 distritos del país. Como se puede ver, el poner a los vividores de la nación en las casillas electorales (con todo y sus listas del Censo del Bienestar) responde a un patrón de conducta del gobierno de AMLO, patrón que tiene el objetivo de coaccionar a los votantes para incrementar las votación de Morena y las candidaturas oficialistas.
Al acatar la sentencia del TEPJF, el INE deberá poner obstáculos a esta operación ilegal, mediante lineamientos que eviten presencia la de los vividores de la nación en las casillas electorales y durante la campañas.
Cincelada: Con su “plan b” de reforma electoral, AMLO puso en evidencia que su postulado de ahorro y austeridad era solo demagogia, pues incluyó la “cláusula de vida eterna” en favor de sus partidos paleros.
