Las prisas del Presidente lo colocan a menudo en la delgada línea entre el Estado de derecho y el rompimiento del mismo.
Es un asunto cada vez más inquietante que en la práctica se está dando una parcial interpretación de las leyes en temas de importancia para el Presidente, los cuales en muchos casos han terminado en la discrecionalidad o en presiones a los jueces, los cuales si no le son favorables termina por cuestionar y fustigar a los impartidores de justicia.
El Presidente hace ver que representa la legitimidad en la toma de decisiones, por ello quizá en ocasiones el tema legal pasa a segundo plano; recordemos la desafortunada frase de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Las contradicciones en las que ha caído el Presidente y sus seguidores pudieran tener un terreno interpretativo en función de que los escenarios han cambiado, lo que lleva a que bajo las actuales condiciones intenten actuar de manera diferente en comparación con lo que en otros momentos se defendió o atacó de manera vehemente.
Todo esto puede tener explicaciones, pero no se pueden romper los marcos legales para llevar a cabo objetivos que merecen ser sujetos de debate y no el llevarlos a una aprobación en automático argumentando elementos como el asumirse como representantes únicos de la patria, o que tienen la razón moral para hacerlo.
El problema con todo esto es que desde el propio gobierno se asumen actitudes en que se exige el respeto a las leyes, pero resulta que es la misma autoridad la que encabeza el rompimiento de ellas.
El controvertido tema de la integración plena de la Guardia Nacional a la Sedena propuesta por el Presidente es un cambio, por más importante que sea para el mandatario y sus proyectos el confiar en las Fuerzas Armadas, que lleva a la inconstitucionalidad.
Independientemente de la contradicción de la propuesta, la decisión colocó al gobierno bajo una contradicción fehaciente. No sólo es la del Presidente es también la de personajes centrales en su gobierno y en Morena, quienes en su momento siguiendo la voz del tabasqueño gritaban a los cuatro vientos que por ningún motivo el país debería pasar hacia una militarización.
Las redes han evidenciado a muchos de ellos que con razones atendibles apelaban en su momento a no caer en el despliegue militar como ha venido sucediendo a lo largo de la presente administración, lo que proponían era que las Fuerzas Armadas deberían regresar a los cuarteles.
El Presidente llegó a hacer juicios lapidarios en su carácter de opositor sobre la presencia militar y las estrategias de los gobernantes de los años recientes. Decía que era el sinónimo de impotencia de las autoridades para enfrentar los problemas de la violencia en el país.
Insistimos en que puede tener sentido y se vale cambiar de opinión en los procesos de gobernabilidad. Sin embargo, la clave de todo está en cómo se hacen las cosas, en este caso se está dando un desaseo preocupante, pero también los planteamientos del Presidente nos colocan en contradicciones serias respecto a su proyecto en materia de seguridad.
No se soslaya que la presencia militar tranquiliza a los ciudadanos e inhibe, al menos, a la delincuencia organizada. La pregunta es si esta estrategia militar es la solución para enfrentar una de las grandes afrentas que tenemos en la cotidianidad.
La inseguridad es uno de los grandes problemas de los ciudadanos y es un renglón en donde el gobierno más está siendo cuestionado.
Se vienen controversias constitucionales, presiones a la Corte, la cual cada vez es más cercana al Presidente, demandas y amparos, nuevas confrontaciones y la evidencia de contradicciones en la gobernabilidad.
RESQUICIOS.
Con la construcción del Tren Maya todo indica que se aplicó el “va porque va”. En lugar de dialogar y escuchar a quienes se oponen con bases a una parte de su construcción, los llenaron de adjetivos y descalificaciones; ojalá el tiempo no los llene de arrepentimientos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 10 de agosto de 2022. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
