La ONU sabe de qué habla al instar a México a abandonar “de inmediato” la militarización de la seguridad pública. Lo sabe, porque hace años instó a Venezuela, y ya hoy investiga a los militares venezolanos por “crímenes de lesa humanidad”.
El gobierno mexicano asegura que los militares son “el pueblo uniformado”, para justificar que, por proceder de estamentos humildes, no atentan contra “el pueblo”. Pero eso es ideología castrochavista de primaria.
En todos los países los soldados provienen de clases humildes, pues en otras capas sociales no necesitan ser soldados para acceder a un nivel de vida que el Ejército aporta por sus excelentes prestaciones del gobierno.
El propio presidente, en su etapa de candidato, acusó a marinos que ultimaron a un capo del cártel de los Beltrán Leyva; y pidió investigarlos: “Tengo información de que murieron jóvenes, algunos menores de edad, seres humanos, fue una masacre”.
Y, a reclamos de Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 del Caso Iguala, le respondió: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”. Tizapa le había recordado que el entonces alcalde de Iguala pertenecía a su grupo político.
Pero, ya con aquel candidato instalado en la presidencia, los militares ocupan 127 áreas de la gobernanza civil: la construcción, venta de gasolina; reparto de libros de texto y fertilizantes; control de aduanas, puertos, aeropuertos civiles; inyección de vacunas…
La Guardia Nacional acaba de inaugurar 123 cuarteles con 100 mil soldados. Fueron nombrados militares al frente de la Policía en siete de los 11 estados donde el gobierno ganó elecciones en 2021. El Ejército recibe las ganancias de cuatro aeropuertos civiles.
Todo esto provocó que, antier, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instó a México a abandonar “de inmediato” la militarización de la seguridad pública, por ser una estrategia “insuficiente e inadecuada” para proteger los derechos humanos.
Como sea, lo más inquietante es que el gobierno mexicano se niega a apoyar a la ONU y a la OEA en sus condenas a sus aliados ideológicos Venezuela y Nicaragua, por usar a los militares para perseguir a la población civil y a sus opositores políticos.
A Venezuela, por el asesinado a cinco mil 94 opositores políticos, y detener sin órdenes judiciales a otros tres mil 479: “Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado”.
A Nicaragua por el arresto, acoso y restricciones arbitrarias a los precandidatos presidenciales, y la tortura para extraer confesiones o información, contraseñas telefónicas y redes sociales a líderes de la oposición.
Venezuela y Nicaragua permitieron a los militares construir un Estado dentro del Estado, y sus ciudadanos pagan las consecuencias.
México transita el mismo camino.
