No hay razón que valga ante la necedad de militarizar plenamente el servicio de seguridad pública. En los próximos días, la mayoría artificial de Morena en la Cámara de Diputados habrá de dar una muestra adicional de su sometimiento al inquilino de Palacio Nacional. Aprobará su propuesta de traspasar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En lo que hace al procedimiento legislativo, se trata de una descarada burla a la ley. López Obrador presentó su paquete de reformas a diversas leyes porque carece de los votos necesarios para reformar la Constitución y así piensa darle la vuelta a la Carta Magna. En cuanto al contenido, estas reformas son un paso más en el muy avanzado proceso de militarización de México.
El 31 de agosto, el Presidente de la República presentó iniciativas de reformas en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, mediante las que se traspasará al mando castrense el cuerpo encargado de labores policiacas. A sabiendas de que ello ameritaría una reforma constitucional para la que no le alcanzan los votos de sus levantadedos en el Congreso de la Unión, López Obrador presenta ese designio como reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional y las leyes que regulan al ejército y la fuerza aérea.
La vocación militarista de la 4T se encuentra en el origen mismo de la propuesta de dar a luz a la GN. Tal fue la propuesta original que en el año 2018 presentó AMLO a través de la dócil diputación morenista pero, para lograr el consenso con la oposición en el Senado de la República, debió aceptar que se estipulara su carácter civil y el que fuera adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Sedena.
Pese a lo expresado en la Carta Magna, el presidente impulsó en la práctica el sesgo militarista de la flamante corporación. Según la Exposición de Motivos de la iniciativa que ahora se discute, del total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales, el 65% (73,805 elementos) , junto con los mandos, provienen de la Sedena. El 15% provienen de la Marina Armada (16,792) y el 20% restante son ex policías federales que fueron transferidos. Por cierto, estos datos que vienen en la iniciativa y también en el Cuarto Informe de Gobierno, dan cuenta del estrepitoso fracaso del reclutamiento de efectivos civiles para la GN.
Son desastrosos los resultados de la estrategia de seguridad pública, que en uno de sus 8 puntos incluyó la formación de la GN. Más de 130 mil homicidios dolosos y 100 mil desapariciones registradas oficialmente muestran el prolongado patrón de impunidad que persiste en el país y la tragedia que sigue ocurriendo cada día. A tan trágicas cifras se deben añadir el dominio de las bandas del crimen organizado en un tercio del territorio nacional, masacres, fosas clandestinas, acciones terroristas lo mismo en El Bajío, la Tierra Caliente, que en el norte del país.
Contrario a los hechos, López Obrador afirma que “los resultados positivos de los últimos tres años son muestra de la eficacia de la Guardia Nacional como modelo policial”, pero es infructuoso su intento de maquillar la realidad de este desastre humanitario tras las estadísticas manipuladas que presenta.
Tampoco convence el argumento de que “la lealtad, institucionalidad y disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales constituyen uno de los más sólidos pilares para la pervivencia y continuidad del orden constitucional, así como para la estabilidad política y social y la gobernabilldad del Estado mexicano”, pretendiendo el olvido sobre la represión militar contra los ferrocarrileros (1958) contra el movimiento estudiantil (1968), la Guerra Sucia de la década de los 70 y la confabulación de los mandos militares con las bandas del narcotráfico, que se ha mantenido y renovado durante los últimos 40 años.
Como se planteó en entregas anteriores de esta columna, el necio avance a la militarización se puede explicar porque cimenta el proyecto transexenal de dominio antidemocrático del grupo político en el poder, sea a través de una reelección vía autogolpe de Estado o mediante la formación de un maximato.
Cincelada: ¿La inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa ocasionó los insultos contra la SCJN, o se deben a que la FGR fue obligada a entregar al INE el expediente de su hermano Pío?
