Hay indicios de que la capacidad de movilización de la delincuencia organizada en algunos estados se ha incrementado alcanzando, como en pocas ocasiones, las estructuras políticas.
Es muy probable que no se aprecie del todo, digamos que esto es como la humedad que se va metiendo y se vuelve incontrolable. Ya no se trata del control de las plazas, su influencia empieza a aparecer ahora de manera más notoria en los procesos electorales.
En las pasadas elecciones se presentaron muchos focos de atención sobre la presencia de los cárteles en el proceso de selección de candidatos y en el desarrollo de las elecciones. En donde más se alcanza a apreciar es en pequeñas comunidades o municipios, los cuales son para la delincuencia organizada estratégicos.
Ya no son necesariamente los altos niveles de las estructuras políticas las que son “tentadas”, presionadas o intimidadas por los cárteles. Si bien seguramente hay indicios de ello, el objetivo hoy pasa por los municipios y no solamente para quitar o poner presidentes municipales, concejales o diputados locales, sino también para verse beneficiados con el manejo de los presupuestos locales.
Se apoya a un candidato para que cuando esté en el cargo cumpla con una suerte de “favores recibidos”. En algunos estados como Guerrero, Jalisco, Edomex, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Nayarit, entre otros, hay evidencias de la presencia directa de los cárteles como un factor de relevancia en los procesos electorales.
El apoyo pasa por quienes les garanticen que van a poder seguir moviéndose como quieran. El tema no tiene que ver con poner a un partido en particular, porque para los cárteles la clave está en que sea quién sea les garantice capacidad de maniobra y lo que llaman “colaboración”.
El gran problema está en que el fenómeno se ha agudizado. La delincuencia organizada está entrando como en pocas ocasiones en los ámbitos de la política, estamos en terrenos muy delicados, porque no queda claro cuál puede ser el siguiente paso que pretendan dar los cárteles.
Si no se les frena podríamos entrar ahora sí al muy doloroso proceso como el vivido en Colombia. El narcotráfico se metió a la política para tratar de dirigirla y no solamente para usarla en los terrenos de las rutas, complicidades y beneficios.
Por ahora no se ven indicios de que a la delincuencia organizada le interese participar en política o algo parecido. Lo que quiere son sus espacios y fortalecerse, es probable que por la forma en que se metió en el pasado proceso electoral tenga que ver con los escenarios que está visualizando en lo interno y externo.
La estrategia que ha seguido el gobierno le ha permitido a los cárteles una capacidad de maniobra y acción que los tiene en los escenarios que quieren. La idea de “abrazos no balazos” parte de cambiar las raíces de los muchos factores que fortalecen a los cárteles. Aunado a esto prevalece una concepción de que desde el ámbito familiar puede inhibirse el que muchos jóvenes se integren a la delincuencia organizada.
La terca realidad está evidenciando lo contrario. Las cosas han cambiado poco a lo que se suma que hay signos de la participación de la delincuencia en las elecciones.
Los partidos son una de las claves. Si eligen a sus candidatos a través de criterios ligeros con tal de ganar se van haciendo cómplices de lo que estamos viviendo.
Ganar por ganar en la política ha sido sinónimo de una gran cantidad de tropelías con resultados funestos en que los ciudadanos, para variar, son los afectados.
La petición presentada ante la OEA por la oposición puede abrir el tema sin filias y fobias, si es que esto es posible, porque todos están en el mismo barco.
RESQUICIOS
Ricardo Anaya está en un nuevo lío. Lo han acusado panistas, el gobierno de Peña Nieto y ahora la FGR, la cual no sabe cómo hacerle para no hacer el “oso” del sexenio con el caso Lozoya. El aspirante al 2024 necesita más que podcasts para enfrentar lo que le viene.
Este artículo fue publicado en La Razón el 24 de agosto de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
