El Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó por amplia mayoría —ocho de diez consejeros— la decisión de la presidenta del organismo no sólo de abstenerse de interponer una acción de inconstitucionalidad, sino también de respaldar explícitamente la absorción de la Guardia Nacional por el Ejército. La condena de los consejeros a quien preside el organismo no tiene precedente.
Lo usual era que el defensor público de los derechos humanos y sus consejeros dialogaran, examinaran y trazaran conjuntamente el rumbo de la CNDH y sus líneas de acción, y analizaran, escuchándose a todos, los asuntos más delicados e importantes para llegar a una posición de consenso. Esta vez, la titular de la Comisión desoyó a sus consejeros, quienes le propusieron que interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Desatendida la petición, ocho de los integrantes del Consejo han hecho público un documento en el que lamentan que Rosario Piedra desconsidere el marco constitucional y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Pero la actitud de la señora Piedra en este caso no difiere de la que ha asumido desde el inicio de su gestión. Designada fraudulentamente, pues no reunía los requisitos ni alcanzó en el Senado la votación que exige la Constitución, protestó el cargo desoyendo a las organizaciones civiles de búsqueda de desaparecidos que la instaron a no aceptarlo por las condiciones en que fue ungida, y desde entonces jamás ha levantado la voz condenando las violaciones a derechos humanos perpetradas por el gobierno federal.
Ni una palabra protestando por la desaparición del Seguro Popular, el desabasto de medicamentos, incluyendo los de los niños con cáncer, los recortes presupuestales al sector salud, la manera negligente y contraria a las evidencias científicas en que se enfrentó la pandemia de covid-19, la discriminación a los médicos de los hospitales privados a quienes se negó un lugar prioritario en la vacunación contra el coronavirus.
Ni una palabra exigiendo que se deje de presionar, injuriar o calumniar a columnistas e intelectuales críticos, a exservidores públicos, a jueces, magistrados y ministros, a legisladores que no se han plegado a sus designios. Ni una palabra sobre el caso del exministro Eduardo Medina Mora, orillado a renunciar como ministro de la Suprema Corte para que no quedaran congeladas sus cuentas bancarias y las de sus hermanos. Ni una palabra sobre el linchamiento que fue la consulta para juzgar a los expresidentes.
Ni una palabra sobre los recortes de recursos a la ciencia, la tecnología, la innovación tecnológica. Ni una palabra sobre los denuestos contra las universidades. Ni una palabra sobre la contrarreforma educativa, ese crimen contra los niños y los adolescentes que van o irán a escuelas públicas. Ni una palabra sobre el proyecto de la Secretaría de Educación Pública que propone adoctrinar a los alumnos en una ideología sectaria, anquilosada, contraria a los méritos, la excelencia académica, las evaluaciones, la superación personal. Ni una palabra sobre la eliminación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
Ni una palabra sobre las inauditas persecuciones penales —contra la razón, y el derecho— contra 31 científicos de prestigio nacional e internacional, contra la cuñada y la sobrina política del fiscal general de la República, contra Ricardo Anaya y contra Jesús Murillo Karam. Ni una palabra sobre las reformas inquisitoriales a la Constitución y a la legislación penal.
Ni una palabra sobre el ofensivo apoyo del Presidente a la candidatura para gobernador de un presunto violador ni sobre su propuesta para embajador de un presunto hostigador sexual, ambos denunciados por varias mujeres víctimas de sus delitos y sus bajezas.
Ni una palabra sobre el ecocidio que está causando la obra del Tren Maya en el sureste mexicano ni sobre el decreto que declara de seguridad nacional ésa y otras obras del gobierno a fin de que no procedan las suspensiones en los juicios de amparo.
La CNDH dejó de ser un escudo contra los abusos de poder.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 22 de septiembre de 2022. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
