La víctima de 2006 es el victimario en 2018

Una de las características de todo régimen autoritario es la de actuar al margen de la legalidad o, en su caso, utilizarla según le convenga. Hay regímenes que van más allá y, teniendo bajo su control al conjunto de los legisladores o la parte mayoritaria de éstos, son capaces de rehacer la totalidad del entramado constitucional y legal para reconstruir uno a modo.

Uno que les permita actuar sin contrapesos, sin controles de ninguna naturaleza y, con ello, ejercer el poder de manera despótica, autoritaria. A esos regímenes y gobiernos los hemos conocido a través del estudio de la historia de la humanidad, pero incluso, ahora mismo y en diversas partes del mundo, hay mucha gente que los está sufriendo en carne propia.

En realidad, la historia nos dice que nuestro país, casi siempre, ha padecido de esos gobiernos y han sido apenas unos girones del tiempo en donde hemos vivido en libertad y con democracia.

Las insurgencias populares de 1968 y de 1988 obligaron al sistema priista, autoritario y concentrador del poder en un solo individuo, a concertar con la oposición reformas políticas que abrieron a nuestro país espacios de libertad y de vida democrática. Durante 30 años, la gente y los partidos democráticos hemos construido y preservado causes desde donde pudimos ejercer —no sin obstáculos y resistencias, no sin intentos restauradores— nuestras garantías constitucionales.

Pero parecería que esas tres décadas de apertura y de amplitud democrática están llegando a su fin y podemos observar un peligroso proceso de regresión y de restablecimiento del viejo régimen priista.

En uno de estos intentos regresivos, Vicente Fox —desde el poder de la Presidencia de la República— utilizó todo tipo de recursos —legales e ilegales— para desaforar y, con ello, impedir que López Obrador pudiera contender como candidato presidencial.

Fox acomodó la Constitución y las leyes a sus retorcidos propósitos y a punto estuvo de conseguirlo. Sólo la resistencia de la gran mayoría de las y los mexicanos pudo impedirlo y, así, el candidato del PRD pudo participar en la contienda; no fue presidente sólo por motivo de trampas, argucias, fraudes implementados desde la oficina del entonces presidente Fox.

Ahora mismo, y también desde la oficina del Presidente, se intenta otro “desafuero” para impedir que Ricardo Anaya participe como candidato presidencial y, desde luego, impedir, a toda costa, que éste gane los comicios.

Peña Nieto está utilizando el poder y los recursos de la Presidencia para, desde los medios de comunicación, dirigir una formidable campaña de acoso, amenazas y mentiras en contra del candidato de Por México al Frente; pero también, con evidencia tangible, se encuentra utilizando a las instituciones del gobierno y del Estado para impedir que las y los ciudadanos puedan votar con libertad y por quien consideren conveniente.

Peña Nieto quiere, con trampas y argucias, sacar a Anaya de la boleta electoral o, en todo caso, pretende, con mentiras, descalificarlo.

En 2006, Fox contó con el apoyo del PRI, del Ministerio Público y de jueces corruptos (señaladamente de Elba Esther Gordillo, líder sindical de los maestros, y también de ese fraude fueron parte los gobernadores, en su gran mayoría priistas).

En 2018, Peña Nieto, para terminar con la democracia y realizar elecciones a modo de sus intereses, cuenta con los más grandes e influyentes medios de comunicación; cuenta con una buena parte de la alta burocracia gubernamental; con el apoyo de algunos de los más poderosos grupos empresariales, especialmente de los que se han beneficiado con la corrupción; y con la Procuraduría General de la República que, sojuzgada, atiende ipso facto las instrucciones del poder presidencial.

Pero en esta delicada operación gubernamental se ha conformado una gran paradoja, pues la víctima del 2006 es ahora el aliado principal del victimario del 2018. ¡Sí! López Obrador ha hecho una alianza político-electoral con Peña Nieto y con el priismo para “desaforar políticamente” a Ricardo Anaya y, en ese perverso acuerdo, el candidato de Morena ha ofrecido a los corruptos priistas su perdón y olvido, en caso de alcanzar la Presidencia.

Tienen, los priistas, la clara seguridad de perder las elecciones, y tienen, algunos, tal pavor de ser sometidos a la justicia, que le admiten, desesperados, a cualquiera de los otros candidatos la gracia del perdón.

López Obrador les ha ofrecido a los corruptos perdón, piedad, clemencia, olvido. Anaya ha ofrecido a las y los ciudadanos simplemente justicia.

Este artículo fue publicado en El Excélsior el 6 de marzo de 2018, agradecemos a Jesús Ortega Martínez su autorización para publicarlo en nuestra página.