Clara Luz Flores, la candidata de Morena a Nuevo León, se desfondó por sus mentiras y por uno de los manejos de crisis más desastrosos de los que se tenga memoria. Ya no disputaba mucho, hasta que el lunes por la noche la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que está indagando a Adrián de la Garza y a Samuel García, al primero que es candidato del PRI, por las Tarjetas Rosas y el segundo, quien contiende por Movimiento Ciudadano, por presunto financiamiento ilegal a su campaña.
La FGR se metió de lleno en la elección y ello tendrá consecuencias y graves para el ambiente político, porque no está muy claro, al menos hasta el momento, que tenga los elementos suficientes para proceder, de modo legítimo, contra los opositores.
Extraña decisión la que tomó la FGR, aunque explicable por las enormes presiones que ya envuelven a la propia elección y que se manifiestan porque en diversas regiones del país hay una disputa palmo a palmo que puede significar que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y que no obtenga el número de gubernaturas que creyeron tener en la bolsa.
Pero el problema es de fondo, porque las primeras reflexiones se tienen que centrar en los márgenes de independencia con que actúa la propia Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).
¿Se tenía que proceder así? ¿No habría sido mejor actuar con el sigilo debido? ¿No podían esperar a tener totalmente integrado el expediente de cada candidato? ¿Estamos ante un acto de justicia o de propaganda electoral?
La elección ya se enturbió, porque pareciera que se está usando un brazo coercitivo para amedrentar a las oposiciones y para tratar de influir en sus resultados.
Para nada es casual que el anuncio, por demás inusual, sea justo contra los que disputan la gubernatura. En política, ya se sabe, no hay casualidades.
Tampoco se trata de que la FEPADE no haga su trabajo, al contrario, lo tiene que hacer pero con el debido cuidado, ya que la calidad de la elección también es su responsabilidad.
