Los perversos juegos contra la FEPADE
La ley electoral prohíbe que partidos, equipos de campaña o candidatos regalen cualquier material que oferte o entregue beneficio directo, indirecto, en efectivo y/o en especie, ya que se considera un indicio de presión al elector para obtener su voto.
Una investigación ministerial en curso presume que el exsubsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, quien, hasta antes de asumir el cargo, hace 3 meses, era representante y directivo del PVEM, violó la ley al firmar contratos con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino durante el proceso electoral pasado.
Violando el debido proceso, la solicitud de la FEPADE a una juez para que librara orden de aprehensión en contra del exfuncionario se filtró a un medio. Hasta ahora no sabemos quién lo hizo. Arturo Escobar se separó del cargo el 25 de noviembre y no ha vuelto a aparecer en la escena pública. Ayer el fiscal Santiago Nieto Castillo anunció, adelantó, postergó y canceló una conferencia de prensa. Nada más hasta el cierre de esta columna.
Quien inició la defensa de Escobar, con una estrategia de torpedeo, fue el vocero del Verde, Carlos Puente. Acusó al fiscal de haber omitido en su hoja de vida presentada al Senado, cuando fue seleccionado para el cargo, su trabajo como asesor del grupo parlamentario del PRD. Todos los senadores sabían de esa relación laboral y a pesar de ello no descalificaron al postulante.
Hace tres días el senador ecologista Pablo Escudero presentó una denuncia penal en contra de Nieto Castillo por incumplir la presunción de inocencia y el debido proceso en contra de Escobar. La filtración es una falta grave que debe esclarecerse.
El martes, senadores de izquierda y derecha defendieron la solvencia profesional de Nieto. Lo mismo habría hecho el PRI si la oposición hubiera cuestionado en su momento el pasado priista de la actual procuradora, Arely Gómez, emanada del propio Senado.
Hay tres hechos: una investigación federal en curso (en la cual una juez negó la orden de aprehensión) contra Escobar, una falta al debido proceso por filtrar la petición judicial y una omisión a la norma cuando Santiago Nieto fue auscultado.
De nuevo la justicia queda sujeta a la política, a la aritmética electoral del futuro inmediato. El PVEM resulta incómodo pero estratégico para las proyecciones del PRI.
Cuidado con derrocar a uno de los árbitros electorales por las razones equivocadas. No hay disyuntiva: la omisión curricular de Nieto es condenable; la filtración del proceso, peor, pero eso no absuelve al exdirigente partidista de los presuntos delitos electorales que le investigan.
La ilegalidad funcional, políticamente, debe ser combatida, aunque luego tenga que renunciar al cargo. Un trueque así bien valdría la pena.
Este artículo fue publicado en La Razón el 10 de Diciembre de 2015, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página