Modalidad 40: el gobierno pone en riesgo las pensiones y abre otro frente de crisis

Aunque el ajuste puede ser técnicamente correcto, llega en el peor momento: con un IMSS deteriorado, trabajadores inconformes, carencias en servicios e insumos médicos y sospechas de corrupción. La decisión de tocar las pensiones puede convertir un tema administrativo en una bomba política.

Las consecuencias sociales

La Modalidad 40, es formalmente una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, por lo tanto, el gobierno no administra solamente cuotas y balances financieros, interviene en las expectativas de retiro, ahorros y proyectos de vida de miles de trabajadores.

Este esquema permite a quienes cumplen los requisitos continuar cotizando por su cuenta al IMSS. Para los asegurados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, puede ser una herramienta importante para mejorar su pensión, de acuerdo con el salario base de cotización, las semanas reconocidas y otras condiciones legales aplicables.

Es decir, es un mecanismo contributivo al que los trabajadores destinan recursos propios con la expectativa de recibir una mejor pensión conforme a las reglas vigentes.

Sin embargo, desde el 22 de octubre, las nuevas incorporaciones están sujetas a restricciones en el salario de cotización y ya no pueden registrarse con efectos retroactivos y, aunque quienes ya estaban inscritos conservan las condiciones de su periodo contratado, no garantiza que puedan renovarlo bajo las mismas reglas y, al modificar ese horizonte, el costo político puede ser mucho mayor que el ahorro presupuestal que se pretende obtener.

El costo de los errores no debe recaer en los trabajadores

El momento elegido para el anuncio vuelve más delicada la medida. El IMSS enfrenta inconformidad laboral y reclamos por salarios, equipo, medicamentos e insumos indispensables para atender a los pacientes. Además de señalamientos públicos sobre contrataciones y presuntos sobreprecios que exigen respuestas.

¿Cómo pretende el Instituto fortalecer sus finanzas si no demuestra que los recursos disponibles se ejercen con eficiencia, transparencia y honestidad?

Las denuncias sobre compras irregulares deben investigarse con contratos verificables, auditorías y responsabilidades individuales. No basta con minimizarlas. Si se comprueba que hubo adquisiciones injustificadamente caras mientras faltaban medicamentos en las unidades médicas, cada caso que se documente y cada anomalía que permanezca sin aclararse, alimentarán justificadamente la percepción de que el costo de los errores administrativos se termina por trasladar a quienes menos capacidad tienen para absorberlo: la población que paga el plato roto de la corrupción e ineptitud administrativa.

El gobierno debe publicar la información pertinente, investigar las irregularidades y sancionar a los responsables, estamos hablando de miles de millones de pesos que se van por el drenaje de la corrupción.

Mientras a los trabajadores del Instituto se les exige mantener los servicios; a los pacientes, soportar las carencias, y a quienes planean jubilarse, adaptarse a nuevas condiciones. Pero la ciudadanía espera saber quién responderá por las deficiencias y por el dinero público.

¿Qué viene para el IMSS?

Si la institución pretende corregir sus desequilibrios únicamente mediante ajustes a las aportaciones sin revisar exhaustivamente sus compras, su operación y sus prioridades presupuestales, corre el riesgo de agravar lo que busca contener.

La preocupación puede extenderse más allá de la Modalidad 40. Si se instala la sospecha de que las reglas de retiro pueden cambiar sin suficiente certidumbre, la confianza en todo el sistema se desmorona. Los trabajadores se preguntarán si recibirán una pensión suficiente; quienes están por jubilarse temen por sus planes y quienes ya están pensionados observan con inquietud.

Las pensiones son uno de los compromisos más sensibles del Estado. No pueden tratarse como una variable más de ajuste presupuestal ni pueden resolverse con un comunicado. La seguridad del retiro forma parte de la estabilidad familiar de los trabajadores y de la confianza en las instituciones.

El gobierno no debe subestimarlo. Una cosa es corregir un esquema para garantizar su viabilidad y otra muy distinta, trasladar la factura a quienes trabajaron toda su vida.

El IMSS necesita una revisión profunda de su gestión, transparencia en el uso de los recursos y resultados verificables. Lo que no necesita, es enfrentar a sus trabajadores con la institución ni a los futuros jubilados con el gobierno.

Las pensiones son una línea roja

Si la administración quiere evitar una crisis mayor, debe estar dispuesta a corregir errores y anomalías antes de exigir nuevos sacrificios a los asegurados.

Porque sin el compromiso del gobierno en atender la problemática del sistema, los ajustes a la Modalidad 40 pueden convertirse en el detonador de una crisis social y política. La confianza en el retiro, no toca solo el bolsillo de los trabajadores, pone en juego su tranquilidad y la credibilidad del Estado.

X: @diaz_manuel