Desde el año pasado, el estado de Guerrero ha estado inmerso en una profunda crisis de gobernabilidad y un claro debilitamiento del estado de derecho a consecuencia de la presencia del crimen organizado en la entidad; pero la situación se ha agravado de manera dramática en la última semana con la devastación ocasionada por el huracán ‘Otis’ en la zona de Acapulco y municipios aledaños.
El bloqueo de vías de comunicación, la extorsión a transportistas y comerciantes, y la oleada de violencia son problemáticas que han sido relegadas frente al reto que representa la atención a los damnificados del huracán y la reconstrucción de Acapulco.
Los estragos causados por Otis en la zona costera de Guerrero son de una magnitud apocalíptica. Se estima que las pérdidas materiales ascienden a más de 270 mil millones de pesos. El paso del meteoro ha cobrado la vida de al menos 48 personas, miles de personas perdieron su patrimonio y su empleo. Otis destruyó por completo la actividad turística en Acapulco, el municipio motor de la economía del estado.
El reto de atender la destrucción de miles de viviendas y establecimientos comerciales, la interrupción de las redes de comunicación e infraestructura, la privación de servicios esenciales como la electricidad y el suministro de agua, la rapiña y el saqueo impune, han rebasado por completo a los gobiernos municipales y al estatal.
Ante esta situación de emergencia, se requiere una respuesta gubernamental eficiente y coordinada en todos los niveles con el propósito de proteger y resguardar a la población, reactivar la economía y eventualmente reconstruir la zona. Lamentablemente, el gobierno ha brillado por su ausencia.
La gobernadora Evelyn Salgado estaba fuera del estado en el momento del impacto de Otis, aparentemente se encontraba vacacionando en la Riviera Nayarita.
Transcurrieron casi 48 horas del impacto del huracán sin que tuviéramos alguna noticia de la gobernadora, luego ya apareció en dos videos: en uno haciendo un recorrido nocturno por la zona del desastre y en otro encabezando gritos de apoyo al presidente López Obrador.
Frente a la inacción de las autoridades locales y la gravedad de la situación que supera ampliamente sus capacidades de respuesta, es crucial considerar seriamente la implementación del proceso de ‘desaparición de poderes’ en el estado de Guerrero.
Esta medida excepcional contemplada en la Constitución, confiere al Senado de la República la facultad de declarar la desaparición de los poderes constitucionales en una entidad federativa. Esto permite la intervención federal para destituir y reemplazar a las autoridades locales, asumiendo temporalmente la responsabilidad de garantizar la seguridad y la gobernabilidad mientras se restablece el orden legal.
La desaparición de poderes, por sí sola, no constituye una solución definitiva al problema, pero deja el camino libre al gobierno federal para implementar un plan integral de rescate en el estado. Este plan incluiría la reconstrucción de Acapulco, el fortalecimiento del estado de derecho y la reactivación económica de la entidad.
Es evidente que no se puede dejar en manos de un gobierno frívolo, incompetente y negligente el rescate y la reconstrucción del estado de Guerrero.
Si bien es cierto que el gobierno federal también ha reaccionado de forma lamentable a esta tragedia, por lo menos cuenta con fuerza de Estado y los recursos humanos y materiales suficientes para atender en lo inmediato la crisis.
Ante situaciones extremas, se requieren soluciones igualmente extremas.
