Con profunda preocupación revisé el proyecto de dictamen para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que muy probablemente apruebe esta semana la Cámara de Diputados a iniciativa de Morena. El dictamen es un atentado contra las garantías individuales y los derechos humanos de los usuarios.
En primer lugar, pretende obligar a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar su identificación oficial con fotografía, su comprobante de domicilio y sus datos biométricos. Cabe mencionar que en México no existe identificación oficial alguna. Ni la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el pasaporte, ni la licencia de conducir son una cédula o certificado de identidad por la sencilla razón de que no son obligatorios. Una persona puede válidamente vivir y gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte sin estar obligado a obtener o portar ninguno de dichos documentos. Su arbitraria y ambigua exigencia viola flagrantemente el derecho a la conectividad digital establecido en el artículo 6º constitucional. La negligencia del gobierno para implementar una cédula de identidad nacional no puede servir de pretexto para violar derechos humanos.
En este sentido, lo más grave del dictamen y que viola la presunción de inocencia establecida en la Constitución, es la disposición que presume culpable de cualquier delito al titular registrado en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en el supuesto de que el número telefónico o la línea utilizada para cometer el delito esté registrada a su nombre. Tal y como se menciona en los antecedentes del dictamen, este tipo de registro ya fue implementado en México y tuvo que ser derogado por su inoperancia y falta de certeza. Como bien señala el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los pocos meses de existencia el registro ya tenía más de cincuenta mil líneas apócrifas, un chip celular falso se puede comprar en el mercado negro por setenta pesos y la base de datos completa se vendía en Tepito por quinientos pesos. Las víctimas de robo con violencia que son usuarios de prepago rara vez denuncian el delito y sus teléfonos son usados por los delincuentes para cometer otros delitos más graves. Con esta medida serán una vez más los pobres los que sufrirán una doble vejación: el robo de sus teléfonos y pertenencias y la presunta culpabilidad en delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión. Las autoridades dirán que han capturado a los culpables, pero las cárceles se llenarán de inocentes.
También, se obliga al IFT a “convalidar” la información contenida en el padrón, pero no existe una base de datos nacional que permita identificar a los mexicanos y contra la cual se pueda hacer la “convalidación”. La base de datos del INE no incluye a menores de edad o a personas a las que no les interesa votar, y no por ello se les puede privar del derecho humano a la conectividad digital.
El dictamen obliga al IFT a invertir en los servidores y sistemas informáticos que se requieran para la operatividad del padrón, pero se aclara que será contra su presupuesto ya autorizado y que por ningún motivo se podrá ampliar. Sin dinero no puede haber un padrón seguro y confiable, por mucho que diga la ley o sueñe el presidente. Es una ingenuidad pensar que un gasto de esta magnitud, no contemplado cuando se aprobó el presupuesto del IFT, puede salir de “ahorros”.
Por último, el dictamen obliga a la Gran Desconexión. Todo aquel usuario que no esté inscrito en el padrón en dos años será desconectado. Sin temor a equivocarnos, en dos años tendremos decenas de millones de usuarios de prepago desconectados, cortesía de Morena.
Este artículo fue publicado en El Economista el 09 de diciembre de 2020. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
