Los empresarios saben que no se trata de reducir el salario de Lorenzo Córdova o de Ciro Murayama, presidente y consejero del INE, respectivamente. No, la reforma electoral del presidente López Obrador va por desarticular por completo el Instituto Nacional Electoral, dejándolo sin su servicio profesional de carrera y, por lo tanto, exponiendo la conformación y confianza en el padrón electoral (donde está la credencial de elector, hoy la principal identificación de la ciudadanía). Y exponiendo la instalación imparcial de casillas y el conteo rápido el día de las elecciones. El riesgo de desmantelar al INE es enorme al despedir a más del 80% de su personal de carrera. El plan B del presidente López Obrador que se discute en el Senado, de ser aprobado por Morena, será un paso regresivo en la democracia. Es regresar 30 años, donde el gobierno aseguraba su permanencia en las elecciones, donde se hacía trampa, donde no contaban los votos ciudadanos.
Los empresarios lo saben. Están preocupados. Ya lo dijo la Coparmex, la Concamin, incluso ayer hasta el conciliador presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, en un comunicado llamó a privilegiar los acuerdos, no la imposición, para fortalecer la democracia.
El CCE concluye: “El respeto al Estado de derecho y a nuestra vocación democrática es lo que nos hace un país atractivo para las inversiones, y lo que otorga confianza a empresarios nacionales y extranjeros para seguir apostando por México”. La democracia atrae las inversiones porque asegura que cualquier mal gobierno no dura para siempre y también asegura reglas más transparentes que gustan a las inversiones. Lo otro es regresar a un mismo gobierno, sin alternancia, donde la burocracia va teniendo privilegios y corrupción. Esa película ya la vimos con los 70 años del PRI.
Alcalde, con las aplicaciones digitales
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, había prometido a las plataformas digitales Uber, Rappi, Didi y otras tener un equilibrio en la reforma laboral para los repartidores. Todos están de acuerdo en que los repartidores necesitan seguridad social, pero también flexibilidad en horarios, rutas y formas de trabajo. Aquí será importante un equilibrio. Hoy veremos el anteproyecto.
ABM: Carranza, Osuna, Becker, Arce y Martínez-Ostos
Daniel Becker llevó una buena gestión al frente de la Asociación de Bancos de México, sobre todo en temas regulatorios, por la introducción de bancos digitales y fintech. No se peleó con la 4T. Sin embargo, Becker, al tener la posibilidad de comprar Banamex, hizo ruido en varios agremiados. Para algunos, podía usar la ABM como plataforma, aunque, sinceramente, a Becker lo que le valdrá será su oferta económica y de negocios para comprar Banamex.
Julio Carranza, director de BanCoppel, será el nuevo presidente de la ABM, a partir de marzo de 2023. Fue el candidato de unidad. Es bien visto por el gremio, su banco pertenece a los medianos, pero con reconocimiento.
Curiosamente, Becker se mantendrá como vicepresidente del Grupo A de los bancos mexicanos de tamaño mediano y, para muchos, ello es signo de que no se llevará Banamex. Vamos a ver. Adrián Otero, director de Scotiabank, quien también gestionó bien por los bancos nacionales (Grupo B), será sustituido por Jorge Arce, el presidente de HSBC, quien tiene clara la vocación crediticia que deben tener los bancos, incluso con tasas elevadas.
El Grupo C, donde están BBVA y Banamex, seguirá a cargo de Eduardo Osuna, director de BBVA, ya que Banamex cambiará de manos. Además, Osuna tiene a cargo el banco más grande del país.
El Grupo D, de bancos extranjeros (aunque unos tengan muchos años en México), seguirá a cargo de Raúl Martínez-Ostos, presidente de Barclays, y quien ha buscado que su grupo participe activamente en proyectos de gran calado. A todos ellos los veremos de guayabera yucateca en marzo.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 15 de diciembre de 2022. Agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.
