Andrés Manuel López Obrador me parece el peor presidente que ha gobernado México desde que me hice ciudadano en 1993. Juzgo su política económica indolente; su política social, clientelar; su política cultural, propagandística; su política sanitaria, irresponsable y responsable de muertes innecesarias; su desprecio por los órganos autónomos y el equilibrio de poderes antidemocrático y su desdén por las políticas públicas basadas en la evidencia, regresivo para el desarrollo de México desde cualquier óptica democrática, de izquierda o de derecha.
Quiero que se quede.
No soy un arrepentido. Nunca he dado un solo voto a López Obrador. Nunca se lo daría. Nunca he dado un voto a Morena. Veo prácticamente imposible dárselo algún día. Dejé de votar por el PRD cuando asumió su presidencia. Volví a contemplarlo como opción política cuando lo abandonó. Su concepción clientelar de la política representa todo lo que creo que no debe existir en una democracia. Su visión centralista del poder, su presidencialismo omnímodo, su caudillismo orondo al punto de bromear con su autodenominación como “destapador” de cuadros que, para ser candidatos, deberán asumirse como sus “corcholatas”, me parecen contrarios a todo lo que la vida interna de un partido político debe ser en democracia.
Quiero que se quede.
Quiero que se quede, de entrada, por principio. O por principios. Porque creo en la democracia y en su vertiente electoral. Porque lo votó una mayoría que no me incluye, pero que respeto y reconozco. Porque nadie ha probado que sea un delincuente, y porque para creerlo me sería necesario ver pruebas concluyentes, que se abriera un juicio político y seguirlo. Porque ser un gobernante autoritario e ineficaz es una desgracia, pero no un delito, y las desgracias no están tipificadas en código jurídico alguno. Pero, sobre todo, porque si bien veo improbabilísimo cambiar de opinión respecto a su persona y a su gestión, me cabe la posibilidad de estar equivocado, y me reconozco demócrata en esa idea, y ello me regocija.
Cuartoscuro
Me opongo, pues, a la revocación de mandato, al menos tal como está planteada en la iniciativa de ley aprobada esta semana en la Cámara de Diputados. Podría estar abierto a un modelo a la colombiana, en el que son necesarias firmas ciudadanas que sumen el 30 por ciento de los votos obtenidos por el funcionario elegido para que el mecanismo surta efecto: he ahí una medida de última instancia, recurso útil para el descontento ciudadano masivo en caso de conductas graves que no alcancen a ser sancionadas por una mayoría parlamentaria controlada por el Ejecutivo. ¿Pero con el 3 por ciento de la lista nominal de electores, como en la iniciativa de ley que fue aprobada? Esos votos —2 millones 800 mil— los mueve cualquier aparato clientelar de los partidos que los tienen, es decir, de todos. Así, la revocación de mandato no será sino bono de legitimidad que cualquier presidente emanado de cualquier partido podrá activar a mitad de su sexenio, y lo activará. Empezando por este.
A despecho del discurso de la austeridad, bandera retórica de López Obrador que, de manera oportunista, la gran mayoría de los políticos de todos los partidos han hecho suyo, el chiste costará a los mexicanos, según la estimación del Instituto Nacional Electoral, 3 mil 830 millones de pesos. ¿Y para qué? En el mejor y más probable de los casos, para que un presidente de por sí soberbio se vanaglorie de una popularidad de la que ya todos sabemos que goza; en uno improbable —pero sí posible, y terrible—, para que su destitución nos sume en una crisis de ingobernabilidad con desastrosas consecuencias políticas y económicas.
Quiero que se quede, pero no lo diré en las urnas. Me quedaré en casa y esperaré que suceda lo menos malo, de lo que ya tenemos triste antecedente: bajísima afluencia, triunfo aplastante de la voluntad presidencial… y a otra cosa.
Tirar 3 mil 830 millones de pesos a la basura es obsceno; menos peligroso, sin embargo, que arriesgar la gobernabilidad y la estabilidad económica del país.
IG: @nicolasalvaradolector
