Pronto veremos al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la mañanera del presidente López Obrador. Ramírez de la O, durante la semana pasada debió atender la Reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial, en Washington, pero a partir de esta semana el secretario deberá hacer frente al alud de dudas sobre la operación de Iberdrola.
Debemos aclarar sobre Iberdrola. Ramírez de la O no es el artífice ni de la política energética a favor de CFE y Pemex, ni de la animadversión política en contra de Iberdrola, encabezada por el presidente López Obrador.
El secretario vio por el nearshoring
Más bien, Ramírez de la O debió buscar cierta coherencia financiera en lo que en Palacio Nacional vieron como una victoria sobre Iberdrola, su salida del país.
Incluso, el secretario de Hacienda, convencido de las bondades del nearshoring y de cómo podrá aportar más de 1 punto porcentual al crecimiento económico del país, sabía el problema de atraer inversiones sin una energía sostenible de la CFE.
Por eso, desde Hacienda se buscó un arreglo con Iberdrola, donde incluso su planta de Dulces Nombres no estaba operando porque, una y otra vez, la CRE le había prohibido ser planta de autoabasto.
Total, Hacienda se fue por una salida en la que se tuvieran todas las plantas de Iberdrola funcionando, pero a la vez el presidente López Obrador pudiera tener una victoria política. Así se anunció la compra de las 13 plantas de Iberdrola.
Por responder a dudas sobre Fonadin, propiedad, deuda
Ahora, la compra de las 13 plantas de Iberdrola impone un reto importante. ¿De dónde sacará el gobierno mexicano 6 mil millones de dólares? Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura, a cargo de Mario Gabriel Budebo, podría aportar (se dice) hasta 3 mil millones de dólares. Suponiendo la aportación de Fonadin, ¿los otros 3 mil millones de dólares de dónde vendrán?
Para Bloomberg, los otros 3 mil millones de dólares vendrían de financiamiento bancario, destacando como los más interesados el BBVA, Santander, Bank of America, Inbursa y Banorte. Como sea, será deuda para el gobierno mexicano, que no pondrá en el balance tradicional de deuda, pero será deuda pública en el balance ampliado.
Además, el dueño de las plantas no será la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, Manuel Bartlett, director de la CFE, no se ha pronunciado al respecto. El dueño de las plantas será un nuevo fideicomiso con mayoría estatal, que será creado a través de un vehículo financiero, un operador de fondos energéticos, el Mexican Infraestructure Partners (MIP), dirigido por Juan Carlos Zepeda, quien durante el sexenio pasado fue presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Este rompecabezas de contratar préstamos, pero que no sean deuda; de tener plantas de la CFE, pero que no serán propiedad de la CFE, y de usar financiamiento en austeridad republicana, es el rompecabezas financiero de Ramírez de la O, que deberá resolver para cerrar bien el sexenio. Por eso pronto veremos al secretario en la mañanera.
Reforma Administrativa en contra de la inversión
Fue el CCE, la Concamin, Coparmex, y ahora el IMEF, los que advierten el grave retroceso con la reforma administrativa, lanzada por el gobierno, y que será discutida esta semana. Son 23 leyes secundarias, que, en los hechos, permitirían al gobierno pasar por encima de las leyes al cancelar concesiones, permisos, licencias o permitir cancelar una obra pública sin indemnizar, realizar adjudicaciones directas sin licitación, o licitaciones internacionales sin hacerlas nacionales. Para el gobierno sería hacer lo que quiera, pero entonces, ¿qué empresas entrarían sin reglas jurídicas? Sólo las que tengan la seguridad de ganar dinero y entonces, entablar relaciones de otro tipo con el gobierno. La reforma administrativa frenará la inversión privada.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 17 de abril de 2023. Agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.
