Así como el régimen presidencialista de mediados del siglo pasado tenía su delito de disolución social y disponía arbitrariamente del aparato de justicia para encarcelar a sus opositores, la 4T amplió el catálogo de tipos penales y realiza turbias maniobras para mantener en prisión a presos políticos como Rogelio Franco Castán. Rogelio, quien es un destacado y joven dirigente del PRD veracruzano, lleva más de un año en injusta reclusión con base en delitos inventados y fabricación de pruebas a pesar, incluso, de que es actualmente diputado federal.
El 13 de marzo del año anterior, el perredista fue detenido por la policía ministerial del desgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en abierta violación de un amparo que portaba y mostró a los agentes policiacos. Cuando en las instalaciones de la policía quedó claro que su detención era inconstitucional, el gobierno estatal le imputó un delito distinto al que había motivado el arresto: los policías que violaron el amparo lo acusaron de que “los había ultrajado” (pobrecitos). Casualmente, dos días antes se publicó en el periódico oficial del Estado una reforma al Código Penal local que había sido aprobada con el voto de la mayoría del partido Morena, reforma por la que se agregó un artículo 371-Quinquies para tipificar el “delito de ultrajes a la autoridad” y establecer una penalidad de siete a quince años de prisión contra quien agreda a un elemento de seguridad pública. Así fue la maniobra para que, en el Expediente 50/2021, una juez de consigna de Tuxpan le dictara prisión preventiva con base en dos mentiras: 1) un delito recientemente inventado en el Código Penal (que a la postre fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte) y 2) la falsificación de los hechos ocurridos durante el arresto, con tal de inculpar al detenido.
Consciente el desgobierno veracruzano de que, a pesar de la orquestación local de la injusticia, la acusación contra Franco era endeble ante la justicia federal, se aplicó para sumar expedientes en su contra. Es por ello que el 11 de agosto se ejecutó una nueva orden de aprehensión por los delitos de extorsión, contra las instituciones de seguridad pública y abuso de autoridad y, el 15 de octubre de 2021 una más, ahora por el delito de peculado. El control que el desgobernador tiene del Poder Judicial de aquél estado y el servilismo de los jueces locales permitieron que estas maniobras redundaran en más órdenes de prisión preventiva que mantienen encarcelado a quien, hasta la fecha, no ha sido sentenciado por ningún delito.
Veracruz se convirtió en un laboratorio en el que la dirigencia de la 4T ensaya las formas más retrógradas de descabezar los movimientos que se le oponen por la vía de inventar delitos, inculpar a los dirigentes y mantenerlos en prisión sin sentencia alguna. El caso de Rogelio Franco no es el único en la cuenta del contumaz violador de derechos humanos que mal gobierna esa entidad. Alcaldes y exalcaldes, dirigentes de partidos opositores, se encuentran recluidos con maniobras similares. El ex diputado federal José Manuel Del Río Virgen se encuentra tras las rejas en virtud de una inverosímil imputación por la autoría intelectual de un homicidio, a pesar de que un juez federal le otorgó un amparo. La maniobra contra la protección de la justicia federal del inculpado consistió en echarle encima otros expedientes con acusaciones, como en el caso de Franco, aunque sean igual de inverosímiles.
El experimento veracruzano de arbitrariedad del aparato de justicia, por otra parte, no está desvinculado de la actuación de la Fiscalía General de la República y de la fiscalía de la Ciudad de México, ambas encabezadas por destacados cuadros de Morena, que utilizan las dependencias judiciales no para procurar la justicia, sino para gestionar sus intereses políticos y personales.
Cincelada: AMLO propone que el INE y el Tribunal Electoral se elija por votación. En su contrarreforma, serán los “vividores de la nación” los que contarán los votos y dirán quién ganó.
