La ONU consideró ayer al dictador de Venezuela “asesino de lesa humanidad”, el mismo a quien el gobierno de México es casi el único que apoya en las votaciones de la OEA, como el 10 de enero pasado, cuando aprobó el uso del Ejército para impedir el ingreso de los opositores al Congreso.
Es el mismo dictador al que, en julio pasado, el gobierno de México se negó a condenar en la OEA por haber capturado el Consejo Nacional Electoral, y designar a testaferros como consejeros.
El gobierno de México se negó a condenar a la dictadura por “la ilegal designación por parte del gobierno venezolano de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.
A esa dictadura, encabezada por Nicolás Maduro, la ONU consideró ayer responsable de “crímenes de lesa humanidad”, tras estudiar un año los informes de una Misión Internacional Independiente, que revisó la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Por primera vez, la ONU establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Venezuela: 443 páginas señalan como responsables directos a Maduro, a su numero dos y a la cúpula militar.
El régimen al que apoya el gobierno de México en la OEA ha asesinado a cinco mil 94 opositores políticos y detenido sin órdenes judiciales a otros tres mil 479: “Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado”.
La ONU menciona la tortura “para extraer confesiones o información, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil”.
Los opositores venezolanos que no son asesinados, son “sometidos a posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.
Es preciso insistir en que el gobierno de México es el que más apoyo diplomático aporta al dictador Maduro en la OEA, sin que le importe que ello lo aleje de sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá; o sus vecinos más cercanos por el sur.
Sin embargo, al avalar la ONU las denuncias contra la dictadura venezolana por “crímenes de lesa humanidad”, la alianza diplomática del gobierno de México con ese régimen adquiere una connotación criminal que no admite medias tintas.
El gobierno de México está obligado, pues, junto con la comunidad internacional, a iniciar acciones legales contra los individuos señalados como asesinos en el informe de la ONU, que son Maduro y sus militares.
La condena y el rompimiento con Maduro tienen que ser inmediatos.
