La seguridad pública siempre ha correspondido a los civiles. Sin embargo, hoy en día se está haciendo costumbre ponerla casi en automático en manos de las fuerzas armadas. Esto es, institucionalizar completamente su militarización. Es más, por la incursión que ya van teniendo por los diversos campos de la vida pública del país, y que cada vez crece y crece abarcando otras áreas de la administración pública, con independencia de la seguridad pública, hasta pareciera que vamos galopando en camino de la instauración de un Estado militar.
En efecto, de unos años para acá, la seguridad pública que tradicionalmente, desde que tenemos gobiernos civiles, había estado prácticamente bajo el control civil, ahora se le ha ido encomendando el mando a las fuerzas armadas. Esto, tanto en el ámbito federal como en el terreno de los estados, pensando seguramente en que de esta manera se va a combatir mejor el flagelo de la creciente inseguridad que ya azota alarmantemente al país, a grado tal, que la gente hoy en día la considera como su mayor preocupación, el peor mal que le aqueja y temor a la vez, al rebasar su capacidad de asombro por la barbarie con la que se cometen los hechos delictivos.
Es decir, que ahora en el diseño de la política de seguridad pública, se piensa en buena medida que colocando en el mando de estas instituciones a miembros de las fuerzas armadas y militarizándola, habrá mayor eficiencia, eficacia y contundencia en el combate a la galopante inseguridad que permea y ensombrece al país. Pero hoy la realidad es otra completamente distinta, y todo indica, por los índices delictivos que se presentan tanto del orden federal como del común, y cada vez con formas más variadas en su letal comisión, que la seguridad pública se les ha ido de las manos también a los militares que cumplen con esta función, que en estricto sentido no es la de ellos.
Hoy la percepción social que se tiene, y no es para menos, es que la delincuencia es la que pone los puntos sobre las “ies”; la que manda y señorea sin que nadie le quite una pluma a su gallo, a propósito de expresiones populares hoy muy usuales en el terreno político. Esto hay que revertirlo con la mayor urgencia, si no queremos continuar con una inseguridad creciente y, por lo tanto, con una seguridad pública fallida, de tal suerte que el país se nos vaya a ir totalmente de las manos.
Sin miramiento alguno del rol que juegan las personas en la vida del país, lo mismo son víctimas y caen personas comunes de la sociedad; militares; lideres sociales; periodistas; políticos; precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; servidores públicos; empresarios; comerciantes; productores agrícolas y ganaderos; profesionistas, defensores de derechos humanos y medioambientalistas; mujeres, hombres y de la comunidad LGBTTTI, adultos, jóvenes, adolescentes, y hasta niños y bebés, así como de otras capas de la sociedad en las zonas urbanas como en las rurales.
Como luego se dice por ahí en el lenguaje coloquial, “ya no hay respeto”, pero tampoco consideración alguna, ni sentimientos humanos. Se han perdido principios y valores de todo tipo, por lo que es deber de todos coadyuvar a rescatarlos con urgencia, para contribuir a que volvamos a tener una sociedad con seguridad, tranquilidad y paz, como hasta hace apenas unas décadas. Hay a quienes no les gusta que se hagan comparaciones con el pasado, sobre todo cuando no les conviene, aunque si lo hacen cuando responden a favor de sus intereses; pero la verdad es que no hace muchos años, vivíamos con mucho mayor tranquilidad.
Solo por tocar un renglón del mosaico delictuoso de alto impacto, a manera de ejemplo, de la gama de delitos que cotidianamente se han cometido en el país a partir de esta centuria y milenio, se puede mencionar que, según los datos que se registran en el INEGI, en el gobierno de Vicente Fox Quesada hubo 60, 280 homicidios dolosos; en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, existieron 120, 000 homicidios de esta misma naturaleza; en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se cometieron 156, 000 homicidios del mismo carácter, y en los tres años y medio del actual gobierno se han ejecutado 123, 000 homicidios del mismo tipo. Estos números estremecen a la sociedad, más aún, cuando ahora la seguridad pública se ha resuelto irla dejando en el ejército y en la marina, con lo que teóricamente deberíamos estar mucho más confiados, tranquilos y seguros. Sin embargo, no ha sido así, pues el número de homicidios no se detiene, sino por el contrario, crece y crece y con mayor crueldad.
Llegó un momento en que se tuvo la percepción de que los mandos civiles no eran lo suficientemente capaces, eficientes y eficaces y, por lo tanto, adecuados y confiables para combatir de lleno y con firmeza la inseguridad que prevalecía cuando las dependencias de seguridad pública estaban totalmente bajo la responsabilidad de civiles, razón por la cual se ha ido cambiando la política y estrategia de seguridad pública, para irla colocando en el perímetro de militares, partiendo del hecho de que éstos por su formación, conocimiento, adiestramiento, manejo de armas y habilidades, tendrían mayor capacidad y éxito para enfrentar a la creciente inseguridad que invade escandalosamente por todos los espacios del país.
Tan es así, que hoy la seguridad aun estando ya en buena parte en manos de militares las secretarias de seguridad pública de las entidades federativas, va en crecimiento. Actualmente en casi la tercera parte de ellas están como titulares miembros de las fuerzas armadas de distintos grados, que van desde Capitanes hasta Generales de División y Almirantes. Por lo menos los hay en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. De estas diez entidades federativas, en seis los titulares son de la SEDENA y cuatro de la SEMAR.
En el resto de las entidades federativas los titulares son civiles, con distinta formación profesional académica civil, tales como licenciatura en derecho; criminología; administración; ciencias de la comunicación y un policía de carrera. De todos éstos, los más son los que tienen la profesión en derecho.
De igual manera, es de mencionarse que fungen como titulares de estas dependencias, mujeres y hombres, lo cual me parece correcto, pues considero que el campo de la seguridad pública no debe tratarse solo por una visión y selección de sexos, sino por el sano y justo reconocimiento de capacidades y efectividad contundente y definitiva en el combate a la inseguridad.
Por lo visto, las mujeres ya empiezan a ganar terreno y a destacar en este, de suyo, delicado y complicado ramo. Además de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las dependencias de seguridad pública estatales donde hay mujeres como titulares son cinco, siendo estas las siguientes: Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango y Oaxaca. Cabe mencionar que, de todas estas dependencias estatales, son mujeres profesionistas civiles.
Vale indicar que en algunos estados, de acuerdo a como aparece en su respectiva página, la denominación de la institución encargada de esta materia, es distinta a la de “Secretaría de Seguridad Pública”. Tal es el caso de Baja California, Campeche, Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí que se llama Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el caso de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala se le nombra Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Jalisco se le designa Secretaría de Seguridad, y en Tabasco responde al nombre de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En el caso de la federal, aparece con el título de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En cuanto a estas últimas denominaciones, me parece que no es muy afortunado el vocablo “ciudadana”, toda vez que este término, ya sea utilizado en femenino o masculino, es una calidad constitucional y legal de los mexicanos que se adquiere cuando se cumple con la mayoría de edad. Y no me parece apropiado, porque entonces surge la pregunta: los niños y adolescentes que jurídicamente todavía no son ciudadanos porque no han cumplido los 18 años; esto es la mayoría de edad, ¿no están en el radar de protección de dicha institución? Por supuesto que sí, aunque aún no sean ciudadanos.
Lo mismo sucedió con la Procuraduría General de la República y las procuradurías generales de justicia de los estados, creyendo que con cambiarles el nombre a fiscalías generales y al dotarlas de una teórica autonomía, iban a ser más eficientes, a dar un mejor servicio, tener superiores resultados y a estar más cerca de la gente que del poder. Me parece que por el momento esa autonomía normativa constitucional ha sido más imaginaria que práctica, pues no han logrado cortar el cordón umbilical del poder en la anhelada procuración de justicia. Jurídicamente existe esa autonomía, pero políticamente no, por lo que todavía se deja ver como una ficción.
Vale mencionar que, en base a sus respectivas páginas oficiales, prácticamente todas estas instituciones, tanto la federal como las estatales, responden a esta denominación de fiscalía general, con excepción de las de los estados de Baja California Sur¹ e Hidalgo, que todavía siguen llamándose Procuraduría General de Justicia, y la de Nuevo León, fiscalía General de Justicia. Según lo señalan sus páginas institucionales, sus titulares son civiles. Y al igual como ha sucedido en las secretarías de seguridad pública, también en el caso de las fiscalías generales, las mujeres han cobrado relevancia, pues en ocho sus titulares son mujeres, siendo estas en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Durango, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
No sobra decir que en las entidades federativas de Durango y Oaxaca, la titularidad de estas dos instituciones; esto es, las secretarías de seguridad pública y las fiscalías generales, están ocupadas por mujeres.
Ha sido pura retórica lo del cambio del nombre, con lo cual se pretendía el de imagen y servicio, porque en el sentir generalizado de la gente, y por muchas experiencias que ha vivido, se tiene la percepción de que ningún cambio real ha habido. Y es que el quid del asunto no es solo cambiar de nombre. A lo mejor eso sería lo de menos. Lo verdaderamente importante y esencial es el cambio de mentalidad, de convicciones, del espíritu de servicio y de actitudes; de la efectividad en el trabajo de seguridad que se desarrolla; en la aplicación de la ley y de la justicia; en brindar paz y en el trato humano. Eso es lo que verdaderamente espera la sociedad y es lo que aplaudiría, y no los simples cambios de nombres a las instituciones, que con eso nada gana la gente, ni le favorece. Por el contrario, sigue perdiendo.
La experiencia nos dice que en la práctica, con la llegada de militares en los mandos de la seguridad pública, tampoco se ha podido controlar la inseguridad ni mejorar la seguridad pública. En efecto, no es así, ni es tan fácil como quizá se pensó que sería, ya que la realidad, por las elevadísimas cifras que arroja la delincuencia, es otra absolutamente distinta. Por los números que se tienen, todo indica que los militares no han dado los resultados que con ilusión y esperanza se esperaban; y considero que hay razón para ello, pues lo suyo no es la seguridad pública, ya que las fuerzas armadas están hechas y preparadas para atender fundamentalmente otro tópico de la seguridad nacional que de siempre la normativa les ha conferido a estas instituciones.
Hasta parecería entonces que era mejor cuando el manejo y control de la seguridad pública estaba en los mandos de civiles, ya que los índices delictivos eran menores, comparados con los que actualmente se viven. Luego entonces, ¿qué hay que hacer? Me parece que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino, para repensar muy bien y mejorar este renglón específico del mando de la seguridad pública. Quizá lo mejor y más sano sea ya dejar de seguir militarizando la seguridad pública, para reintegrarla al esquema que tenía y que por naturaleza le corresponde; esto es, regresarla al rol civil.
Las fuerzas armadas siempre habían gozado de la mayor simpatía, respeto, reconocimiento y credibilidad de la población; de ahí, las altas calificaciones de aprobación que siempre las ubicaban entre los primeros lugares de las instituciones públicas y sociales. Hoy lamentamos decir que ya no es tanto así, pues se han venido desgastando estas instituciones en el día a día, al observar la población que en lugar de bajar los índices delictivos, y ni siquiera que se hayan mantenido estables comparándolos con los que se tenían cuando la seguridad pública estaba atendida enteramente por civiles, por el contrario, cada vez aumentan y son más atroces, con lo cual se erosionan más y más los principios y valores humanos y sociales, así como las propias instituciones públicas, entre ellas, también llevan su parte las fuerzas armadas.
A esto habría que agregar, además para mal de las fuerzas armadas y que seguramente les molesta, les duele y les apena, las graves, bochornosas y tristes escenas por las que en determinados momentos han atravesado y soportado que mancillan su honor, al ser sometidas al agravio, maltrato, sobajamiento, burla y humillación; situaciones nunca antes vistas en la comunidad militar. No quiero creer que la nomenclatura de las fuerzas armadas quiera y esté dispuesta, a cambio de adquirir mayor poder, a permitir y aceptar se lleve a ese grado de desgaste y castigo a estas instituciones, que puede llegar incluso a la animadversión y repudio social hacia hasta ahora esas nobles y honorables instituciones militares.
Por el bien de las fuerzas armadas de nuestro país, ya no sigamos exponiendo al deterioro la buena imagen y respeto que siempre han tenido de la sociedad, la cual se había mantenido incólume hasta hace unos cuantos años. Considero que quizá el punto más flaco que hoy tienen en la percepción social, y por el que empieza hacer agua y a venir en franca caía libre su prestigio, es por la ocupación que ahora, por razones políticas, le han endilgado, y que su nomenclatura haya admitido y consentido por algunos trozos extras de poder, de tener que atender y llevar, adicionalmente al de su función primordial de la seguridad nacional, también sobre su espalda la lápida de la compleja tarea en que se ha convertido la seguridad pública.
Hay que devolver la seguridad pública a los civiles, toda vez que debe ser de su mayor responsabilidad y cuidado, y relevar de esta responsabilidad a las instituciones militares, para cuidar la buena imagen que siempre han tenido las fuerzas armadas en los tiempos contemporáneos. Hay que hacerlo por el bien de lo que simbolizan. Ya no las expongamos y estropeemos su prestigio. Ellas son la esencia del pueblo, porque se constituyeron del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijera Lincoln, por lo que su compromiso y lealtad es primero con las instituciones que han surgido de la voluntad general de la nación, así como hacer guardar el ineludible y estricto cumplimiento y respeto a la Constitución. Ellas están para otros propósitos más elevados del país. Debemos dejar a la sociedad seguir confiando en estas instituciones insignia, pues siguen siendo todavía un símbolo de entereza, confianza, respeto, lealtad y amor a la patria.
¹. Cabe mencionar que en el caso del Estado de Baja California Sur, en esta moda de cambio de denominación institucional, en el año 2020 el Congreso del Estado creó la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de dicha entidad federativa; sin embargo, a la fecha aún no se ha nombrado al correspondiente fiscal general por la falta de los respectivos acuerdos políticos para su designación, por lo que de hecho sigue vigente la Procuraduría General de Justicia del Estado. Luego entonces, podríamos decir que formalmente existen las dos instituciones de procuración de justicia, aunque la primera existe solo en la teoría jurídica porque no se ha instalado ni entrado en operación como tal, mientras que la segunda, de hecho y de derecho es la que está en funciones atendiendo este tema que le incumbe. Hay por el momento una duplicidad institucional de funciones teórica, pero no práctica.
