El pasado 11 de septiembre, Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, miembros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, se dirigían a San Cristóbal de Las Casas para despedir a la delegación zapatista que viajaba a Europa cuando fueron interceptados por miembros de la Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), que desde hace meses amedrenta a los pobladores de la comunidad autónoma Moisés-Gandhi.
La camioneta de los zapatistas fue encontrada en la localidad de 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, donde la Orcao tiene su sede. El incidente fue denunciado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que el 12 de abril había sufrido también el secuestro de dos de sus miembros.
La Orcao ofreció liberar a los detenidos a condición de que la Junta zapatista se presentara en el lugar. Se trataba, a todas luces, de una trampa para canjear a unos presos por otros.
El lunes 13, el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, del que formo parte, informó del secuestro a la Secretaría de Gobernación. Se sabía dónde estaban Sebastián y José Antonio y quién los tenía detenidos. ¿Qué hizo el gobierno? Absolutamente nada.
Sólo gracias a los párrocos que ofician en la región, los detenidos fueron puestos en libertad el domingo 19 de septiembre. Chiapas se ha convertido en bastión del crimen organizado y de cuerpos paramilitares. Ni el gobierno estatal de Rutilio Escandón ni el gobierno federal toman medidas para evitar el polvorín que presagia un incendio.
La realidad de los pueblos indígenas no puede ser más preocupante. Víctimas de un despojo centenario, no han dejado de defender los recursos naturales. Esa resistencia, que debería ser vista como un beneficio para la sociedad en su conjunto, ha puesto en peligro sus vidas. Mientras en México las compañías canadienses practican la minería a cielo abierto en condiciones prohibidas en su país, quienes se oponen a la devastación de la biósfera son asesinados. En 2019, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental registró 39 agresiones a ambientalistas. En 2020, esa violencia aumentó de manera significativa: 18 asesinatos, 65 ataques y 90 agresiones. La mayoría de las víctimas han sido indígenas, y en el 40 por ciento de los casos hubo participación de agencias gubernamentales.
Hace apenas unos meses fue asesinado el líder yaqui Tomás Rojo, que se oponía al acueducto Independencia que privará de agua a las comunidades yaquis (con 40 mil habitantes) para llevarla a Hermosillo. De Chiapas a Sonora, México es un país donde defender la tierra significa regarla con sangre.
Pero en vez de intervenir en el mundo de los hechos, el gobierno busca alterar el laberinto de los símbolos. Los indígenas que se atreven a existir padecen toda clase de riesgos. No se persigue a sus asesinos, pero se buscan paliativos como cambiar la estatua de Colón por la ciclópea cabeza de una mujer indígena. Sin una discusión de por medio, el proyecto se encargó al artista Pedro Reyes, de probada trayectoria pero que en modo alguno representa al género femenino ni a las comunidades indígenas. Un colonialismo sustituía a otro. Por suerte, el despropósito está siendo reconsiderado.
Pensar que el problema no está en la realidad sino en las estatuas equivale a suponer que la discriminación se limita al pasado y no atañe al presente.
La solicitud de que España y el Vaticano pidan perdón por la Conquista se inscribe en la misma tesitura. Al término de la Nueva España, cerca del 70 por ciento de la población hablaba una lengua indígena. Hoy sólo el 6.6 por ciento las habla. La destrucción del patrimonio cultural prehispánico ha sido, en lo fundamental, obra del México independiente.
En vez de asumir la responsabilidad que le corresponde ante la realidad, el gobierno opta por sancionar a un marino genovés del siglo XV y mandar cartas al piloto de la barca de San Pedro.
El historiador Federico Navarrete ha recordado que durante la caída de Tenochtitlan sólo el uno por ciento de los combatientes pertenecía a las tropas de Cortés. Posteriormente, se construyó una narrativa que acreditaba el triunfo en exclusiva a los españoles y presentaba una empresa de dominio como un proyecto evangelizador. Hoy el gobierno propone otro discurso ideológico. Mientras tanto, los descendientes de los pueblos originarios padecen el oprobio.
Este artículo fue publicado en Reforma el 24 de septiembre de 2021. Agradecemos a Juan Villoro su autorización para publicarlo en nuestra página.
