En mi artículo de la semana pasada analicé los principios que rigen al liberalismo frente a aquellos defendidos por los conservadores, así como los resultados económicos producidos por ambas ideologías. Utilicé como ejemplo la historia económica de Estados Unidos en comparación con la de Argentina. Ambos con similitudes muy notables en cuanto a riqueza de territorio y origen de la mayoría de su población, pero con la gran diferencia de que Estados Unidos implantó un sistema de pequeños propietarios en competencia en contraste con los latifundios de la oligarquía argentina. En el caso de México, aunque los liberales ganaron las guerras contra los conservadores y las leyes garantizan los derechos de todo individuo a la propiedad y la libertad de creencias, opinión y empresa, lo cierto es que nuestra economía aún no es del todo una economía de libre mercado. Continúa siendo, a grandes rasgos, una economía de señores feudales protegidos por el gobierno.
Esta economía de compadrazgo entre el poder económico y político ha limitado el potencial de crecimiento del país y el día de hoy sigue tan vigente como antaño. El éxito de una empresa no necesariamente se consigue en el mercado y con la satisfacción de los clientes sino en las salas de juntas de la alta burocracia. De acuerdo con el sindicato de Telmex, el pasado 11 de enero se instaló una mesa de negociación intersecretarial donde participan Telmex y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “con el objetivo de detener la separación funcional”. Diversos medios informaron que la mesa “de negociación” está integrada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, Telmex y el IFT.
Como en ocasiones anteriores, el sindicato de Telmex volvió a emplazar a huelga por supuestas violaciones a su contrato colectivo de trabajo que vence hoy a las 12 de la noche. La estrategia de Telmex y su sindicato para descarrilar cualquier medida que restrinja o limite su capacidad para controlar el sector telecomunicaciones no es nueva. Prácticamente desde que el IFT ordenó la separación de las operaciones mayoristas de Telmex en una subsidiaria de la propia Telmex, el sindicato ha alegado supuestas violaciones a su contrato colectivo y ha amagado con irse a la huelga. Evidentemente esta amenaza no es contra el patrón, Telmex, sino contra el órgano constitucional autónomo encargado de regular al sector telecomunicaciones y de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica. Tan es así que ante la firmeza del IFT el sindicato lleva dos años posponiendo su supuesta huelga que, por supuesto, nunca va a estallar. La última vez que el sindicato de Telmex se fue a huelga el gobierno requisó la empresa, así es que no nos pretendan espantar con el petate del muerto.
Esta mesa de trabajo llama la atención por varios motivos: las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y del Trabajo no tienen atribución alguna en la materia, así es que están legalmente imposibilitadas para llegar a ningún acuerdo respecto de la separación funcional de Telmex. Por su parte, el IFT tiene expresamente prohibido reunirse con Telmex para negociar nada si no es mediante entrevistas grabadas en la propia sede del IFT y con la invitación a todos los comisionados. El hecho de que el IFT participe en esta mesa implicaría una violación flagrante a la ley y una claudicación a su autonomía constitucional, lo cual podría acarrearle responsabilidades a los comisionados o funcionarios que participen. El andamiaje constitucional que dio vida al IFT está diseñado para que el IFT se mantenga al margen de presiones políticas o económicas de las empresas reguladas, particularmente del preponderante Telmex, tanto de manera directa como a través de órganos políticos del gobierno.
Aún más, y esto lo sabe el sindicato de Telmex, aunque parte de su personal sea transferido a la nueva subsidiaria, la ley, a través de la figura del patrón substituto, les garantiza el respeto irrestricto de todos sus derechos laborales. En pocas palabras, se trata de aprovechar la coyuntura del cambio de gobierno para mantener los privilegios de Telmex. Se ha avanzado mucho en el sector, no debemos perder los logros alcanzados.
Este artículo fue publicado en El Economista el 16 de enero de 2019, agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
