El procurador encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, es un empleado de Los Pinos y hace lo que se le ordena. Lo era también Raúl Cervantes, el procurador anterior, militante del PRI, que tuvo que renunciar al cargo porque su situación era ya insostenible. Ésta se agravó después del cao del Ferrari que emplacó en Morelos, para no pagar la Tenencia.
Uno de los más graves problemas de la justicia mexicana es no tener una procuraduría autónoma, independiente de las decisiones del Ejecutivo en turno. Ahora la PGR se utiliza como un instrumento político poderoso, en manos del presidente, para atacar y descalificar, de múltiples maneras, a quienes considera sus enemigos. No es un instrumento de la justicia y la legalidad.
El caso más reciente de este uso político faccioso por parte de Los Pinos es la destitución de Santiago Nieto, el fiscal de la Fepade, con argumentos ridículos e incluso infantiles que cambiaron con los días. La actuación de Elías Beltránalbert es lamentable, la propia de un empleado menor y no la del fiscal de la República de un país de 120 millones de habitantes y decimocuarta economía del mundo.
Los Pinos y el PRI se han salido con la suya y lo más seguro es que nunca se investigue la evidente relación entre la constructora brasileña Odebrecht y la campaña del candidato priísta Enrique Peña Nieto, ahora presidente de la República. Ellos están dispuestos a utilizar a su antojo a las instituciones sin importarles el daño que les hacen, para protegerse y evadir la acción de la justicia. En este propósito todo se vale.
La PGR está en uno de los peores momentos de su historia. No es una institución creíble. Se le ubica como un brazo del presidente de la República, que usa como le conviene. ¿Cómo cambiar esta realidad? No veo que pueda suceder en el tiempo que le queda a este gobierno. Sólo será posible cuando se legisle, para que la procuraduría sea una instancia absolutamente autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Urge que así sea. Debe estar en la agenda del próximo gobierno y del nuevo Legislativo.
La Fepade vive también uno de los peores momentos desde su fundación. En la lógica del actual gobierno y su partido, es una institución sólo para taparle el ojo al macho, pero no para investigar los posibles delitos electorales y menos para actuar en consecuencia. Es una institución de pantalla y nada más. En los hechos siempre ha sido así, pero había indicios de que iba a cambiar. Eso trajo la destitución de su titular.
¿Los senadores se pondrán de acuerdo, para nombrar a un nuevo fiscal de la Fepade? Lo veo imposible, y si lo logran no será creíble. En la imagen pública va a quedar que es un empleado del presidente bajo el mando de otro empleado, el procurador. La Fepade sólo será creíble el día que sea autónoma e independiente del Ejecutivo y de cualquier otra autoridad. Es también un tema del próximo gobierno y del nuevo Legislativo.
La destitución del fiscal de la Fepade implica un costo político y electoral enorme, no sé si calculado, para el presidente y su partido. Implica también un daño de gran impacto en la credibilidad de las instituciones. En los hechos, el presidente al fin de su sexenio se queda sin procuraduría y sin Fepade. No sé si en la relación costo-beneficio es algo que calcularon y decidieron hacerlo.
La vida institucional del país ya no aguanta sin una PGR y una Fepade autónomas e independientes. El actual gobierno y su partido dinamitaron la última y escasa confianza que tenían. Al próximo gobierno y al nuevo Legislativo les toca trabajar en leyes que garanticen el funcionamiento de estas instituciones en un México inmerso en la realidad del siglo XXI y no en las de un país bananero.
Este artículo fue publicado en El Economista el 29 de octubre de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
