El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció un clima de tensión con el gobierno federal a partir de la emisión de sus recomendaciones sobre los casos Tlatlaya y Apatzingán, donde el organismo acreditó “ejecuciones extrajudiciales”. En este sentido, el ombudsman sostuvo que las desapariciones y la tortura siguen siendo asignaturas pendientes.
En entrevista con La Jornada, González Pérez consideró que el Estado mexicano no puede claudicar de su responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad y dejar ésta en manos de militares. Reconoce que la problemática de violencia en algunas entidades, justifica la presencia de las fuerzas castrenses, sin embargo ésta debe ser temporal y no definitiva.
Cuestionado sobre cómo se encuentra México en materia de respeto a los derechos humanos, el titular de la CNDH señala que si bien nuestro país de los pocos en el mundo que se ha abierto al escrutinio internacional, factores como la desigualdad social y la impunidad en que quedan la mayoría de los delitos, abren una gran brecha entre lo que estipulan las leyes mexicanas y su aplicación.
Aseguró que la relación de la CNDH con las secretarías de Defensa y Marina es totalmente institucional, pero ello no significa que se dejen de señalar con firmeza los señalamientos hacia los elementos de las Fuerzas Armadas que incurran en violaciones al Estado de Derecho. En este sentido, reiteró su exhorto a que la Ley de Seguridad Interior que actualmente se debate en el Congreso de la Unión, no sea aprobada “al vapor”, sino que se convoque a una gran discusión nacional donde todas las voces sean escuchadas.
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