El miércoles 14 de diciembre de 2011, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a la señora María Gómez Rivera y desató una polémica que nos traslada a un tema de mayor envergadura que las delaciones de una ex esposa indignada por el maltrato de un ex marido. Se trata de un tema tan importante como ausente de la vida política de los mexicanos, infaltable en el desarrollo de una verdadera democracia que exige más información y transparencia: el del conocimiento científico de las conductas y perfiles sicológicos de quienes ocupan instancias o cargos del poder público en México.
El celo con que se resguarda aún la vida privada o íntima de quienes ocupan ámbitos de decisión que afectan o benefician a la población mexicana ha sido roto por nuevas circunstancias desarrolladas en los medios de comunicación del país, lo que no necesariamente significa su democratización ya que pueden responder a más de una motivación, por ejemplo a la competencia por un rating que domina su carácter de empresas comerciales, más que a beneficiar el derecho a la información de la sociedad. Se quiebran los mitos y los tabúes de las vidas privadas custodiadas bajo sus rígidas pirámides; los secretos de vidas públicas se conocían parcialmente a través de las antiguas redes de los vasos comunicantes conocidas como los deshuesaderos o desolladeros políticos.
Los secretos familiares de los políticos mexicanos se filtraban entre los llamados calumniadores profesionales que rentaban espacios en medios impresos o electrónicos, cuando se trataba de una disputa por cargos de designación directa o de elección popular, con el único fin de ensuciar el nombre del adversario. Desafortunadamente no han existido en los medios de comunicación pesos y contrapesos en ese tipo de situaciones y aún persiste la oprobiosa idea de linchar y después preguntar; sin embargo, así como los periodistas ejercen un oficio ligado al interés público, quienes aspiran a ocupar posiciones de poder político sufragadas por recursos públicos, deben estar conscientes más que nunca de que sus vidas están o estarán más expuestas al escrutinio público.
Por ello lo deseable para el escrutinio es que se desarrolle en climas que en lugar de envenenar a la opinión pública y convertir los espacios de información en réplicas similares a los de Laura Bozzo o de Paty Chapoy en Ventaneando o El Mameluco, oxigenen esas atmósferas y sirvan para que la ciudadanía desarrolle criterios normados en verdades científicas y no sólo en versiones parciales. Sobre todo porque lo importante es que ese escrutinio beneficie el desarrollo de una democracia en los medios aún parcialmente dominados por fobias y prejuicios.
El tema de fondo es cómo abordar ese celoso e impenetrable resguardo de las vidas privadas o íntimas de nuestros personajes del poder público que aún corresponden al viejo régimen de la simulación, donde todo estaba bien aunque todo estaba mal, y donde nada se movía, ni las piedras, sin la autorización o beneplácito de las viejas figuras que aún encarnan la intolerancia y el autoritarismo, como las del Presidente de la República y los gobernadores de los estados.
Con la sucesión presidencial en marcha, una competencia más de rudos que entre y de técnicos, de chismarajos disfrazados de verdades o de medias verdades convertidas en verdades completas, resulta¡ urgente reorientar la crítica de las figuras públicas y sus acciones privadas y públicas dentro de cauces que civilicen y no aumenten el escarnio y la división al interior de la sociedad mexicana.
Es impensable que los temas relacionados con la vida privada o íntima de conflictos familiares vayan a callarse u omitirse en los próximos meses y años; sucederá exactamente lo contrario si se toma en cuenta que en el universo electoral nacional, las mujeres, principales víctimas de la simulación, son mayoría y su presencia permeará cada vez más los ámbitos de la vida profesional en los medios de comunicación, la política y en el poder público.
La entrevista de Aristegui a la señora Gómez Rivera no es sólo materia de la moral familiar, si estuvo mal o bien, o de un Código Ética de un medio de comunicación que le complicó la vida a su defensor de audiencia imposibilitado para dar argumentos firmes, que más bien no quería quedar mal con la conductora pero tampoco con un auditorio dividido.
El tema de las vidas privadas o íntimas de quienes aspiran a servir a la sociedad es de un interés público esencialmente social y político. Si se aspira a un régimen de transparencia y no de impunidades, los medios y sus conductores, políticos y funcionarios, no pueden estar ni permanecer al margen de una democratización que alcance su privacidad si se trata de ser congruentes entre lo que se dice y lo que se es y se hace.
Desde Juárez ya se ventilaba la idea de la transparencia cuando advertía que “los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad”, ni “gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa”, ni tampoco “improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado”.
Lo único que se le puede reprochar a Carmen Aristegui es cierto tufillo antipriista con el que se regodeó por momentos al entrevistar a la señora Gómez Rivera en la víspera de la elección de los tres consejeros ciudadanos en la Cámara de Diputados, uno de los cuales es el doctor Sergio García Ramírez.
Hoy todo se mueve, la sociedad mexicana vive tiempos vertiginosos por la velocidad de la información que nos permiten enterarnos del asesinato de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y poner en duda los dichos y los juicios y capacidades para ejercer un cargo de responsabilidades públicas de los funcionarios encargados de la seguridad pública, estatales y federales y de un gobernador relacionados con tan funesto evento que nos traslada a las peores épocas del régimen del partido único del siglo XX.
El límite entre la vida privada y la vida pública es un antiguo conflicto entre el derecho a la vida privada y los derechos de informar y de ser informados y que ahora se ha ido reconfigurando al avanzar los procesos democráticos en una sociedad tan cerrada y hermética como lo ha sido la nuestra, en la que tras una impecable e irreprochable figura pública puede ocultarse la de un energúmeno que ejerce las mismas e innobles prácticas que en sus tareas profesionales o de gobierno censura y castiga.
Nuestros legisladores, en lugar de cerrarse como lo hicieron los diputados Armando Ríos Pitter (PRD) y Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) al estilo de la “cofradía de los muchachos”, expresión norteamericana para referirse a la actitud de cerrar filas en torno a temas de conducta machista por parte de organizaciones mayormente masculinas, como es el caso de la política y la función pública en México, deben abrirse y mirar a un futuro que se les convirtió en presente.
No es fácil dilucidar este tema en un país con una democracia que nace pero no se hace y vive todavía anclada en los antiguos vicios de la simulación. ¿Qué es la vida íntima o la vida privada cuando se mezclan con los asuntos públicos? ¿Existe un Derecho a modo para un funcionario cuyo bienestar personal, familiar y profesional se funda en recursos públicos? ¿Dónde empieza la vida íntima, la vida privada y la vida pública? Hemos visto cómo funcionarios de distinto nivel se amparan en la vida privada cuando ejercen tareas partidistas de fines de semana o de culto religioso porque son “sus días de descanso” o están fuera de “horario de oficina” o manifiestan expresiones sobre temas de interés público que no les corresponde discernir por la índole de responsabilidades de gobierno bajo su custodia.
El mejor antídoto frente a la especulación y la maledicencia es la transparencia. Y por la salud de la República y el bien de la democracia debemos avanzar hacia gobiernos sanos, legislar en esta materia, porque así como nuestra historia registra experiencias de buenos funcionarios también ilustra experiencias fatídicas de gobernantes esquizoparanoicos y sociópatas.
