El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, presentó este lunes una controversia política contra los lineamientos de derecho de audiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con el reporte de Milenio Diario, Barbosa presentó este recurso al presidente de la Mesa Directiva el Senado, Pablo Escudero, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera.
En su justificación, el legislador perredista señaló que “constituye una restricción injustificada y desproporcionada al derecho fundamental de la libertad de expresión” obligar a los comunicadores a distinguir entre información y opinión, tal como establece el artículo 15 de la normativa referida.
“Aún cuando los lineamientos contenidos en dicho acuerdo fueron emitidos por dicho organismo constitucional autónomo en ejercicio de la facultad regulatoria en el sector, los mismos deben respetar los parámetros normativos contenidos en la Constitución sobre la distribución de competencia y sobre derechos fundamentales”, se lee en la controversia.
Explicó que la restricción injustificada y desproporcionada de obligar a diferenciar entre opinión e información “radica en que la distinción exigida no es necesaria para que la audiencia reciba información ni para que la misma sea expresada por el presentador”.
Agregó además que los contenidos se limitan con base en categorías abiertas, mismas que serán analizadas por el defensor de audiencias (elegido por el IFT) cuyas facultades pueden llevar a medidas desproporcionadas (el cierre de un medio de comunicación si “mezcla” información con opinión o si no hace una cortinilla para anunciar la distinción).
El pasado 21 de diciembre el IFT dio a conocer los lineamientos para el derecho de audiencias, mismos que entrarán en vigor el 1 de febrero y, entre los que se incluye, la obligación de diferenciar entre información y opinión, cortinillas para publicidad, entre otros.
Diferentes periodistas, especialistas y medios de comunicación (entre ellos etcétera) se han pronunciado en contra de esta normativa ya que es un mecanismo de censura y control por parte del órgano regulador.
Incluso, la propia iglesia católica consideró que los lineamientos son un mecanismo de control y presión y criticó que la libertad de expresión quede a manos de un instituto.
mahy