Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán hicieron un uso ilegítimo de la fuerza en la comunidad de Ostula, en julio de 2015, durante un operativo para liberar varias carreteras que habían sido bloqueadas por pobladores, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con esta resolución, la CNDH determina que los militares que acudieron al operativo son responsables de la muerte de un menor de edad y de las lesiones de 10 personas.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión dio a conocer la recomendación 65/2016 contra las dependencias referidas por los hechos ocurridos en el municipio de Aquila, en julio del año pasado, durante las protestas que organizaron varios pobladores de dicha comunidad por la detención del líder de las autodefensas, Cemeí Verdía.
De acuerdo con el organismo, todo inició cuando elementos de la SSP-Michoacán y el 65 Batallón detuvieron a Verdía, el 19 de julio, para llevarlo por aire a las instalaciones militares ubicadas en la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas.
“Los comuneros de Ostula presumieron que su líder estaba en alguno de los vehículos del convoy militar y organizaron tres bloqueos sobre dicha carretera: Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla, para impedir el paso de los militares y liberar al detenido”, se relata en el boletín.
En Xayakalan, un militar del 65 Batallón “vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores” por disparar dos veces al aire desde su vehículo, lo cual está prohibido según el Manual de Uso de la Fuerza de la Sedena.
Por otra parte, en Duin, también una violación al derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, pero por parte de elementos de la SSP-Michoacán que usaron indebidamente armas no letales como gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo.
Con relación al bloque del Puente de Ixtapilla, donde se registró un enfrentamiento entre pobladores y militares -confirmó la CNDH-, al menos 15 militares dispararon contra la población lo que dejó un saldo de seis personas heridas y un menor de edad muerto.
Al respecto, la Comisión enfatizó que de las tres dependencias que participaron en los hechos, sólo los militares reportaron baja de cartuchos en el armamento que se usó en Ixtapilla y Xayakalan, aunado a que “no es creíble” la versión que los soldados dieron al Ministerio Público (sólo dispararon al aire).
“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado seis lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65 Batallón”, precisa.
Asimismo, “hay correspondencia de los calibres de los cartuchos percutidos por el 65 Batallón de Infantería con los impactos de bala observados en los inmuebles dañados y los casquillo percutidos en el lugar de los hechos”.
Por ello, la CNDH recomendó a la Sedena colaborar en la investigación que realiza la PGR y presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar “para que investigue a los miliares participantes en los hechos por falta de disciplina militar”.
Asimismo, insistió en que los soldados “empleen cámaras fotográficas, videograbadoras y equipo de grabación de audio, para documentar los hechos en que intervengan y haya evidencias de su actuación”.
En tanto, solicitó a la SSP-Michoacán que identifique a los mandos que dieron informes falsos y que se notifique a la Secretaría de la Contaloría para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. También sugirió diseñar un manual que regule el uso de la fuerza policíaca.
Finalmente, al Gobierno de Michoacán (y a las dependencias antes mencionadas) pidió que se inscriba a todas las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan reparar el daño.
mahy
