Obstinados como están, en involucrar a elementos del Ejército en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía que se ocupa de la indagatoria está utilizando los testimonios de un delincuente: Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil” para lograr su propósito.
El problema es que este “testigo estrella” adolece de múltiples problemas y más bien es pieza clave para avanzar en el caso, pero no por lo que ahora anda propalando, sino por lo que hizo.
Este sujeto, beneficiado como testigo colaborador, con el apelativo de “Juan” es directamente responsable de la desaparición de los estudiantes, de su asesinato, cremación y de las dispersión de sus restos en Cocula y en el Río San Juan.
Desde que rindió declaración en 2015, intentó culpar al grupo criminal de Los Tilos, para deslindar a sus propios sicarios, integrantes como él, de los Guerreros Unidos, de lo ocurrido aquella noche terrible en Iguala.
Por eso deslizó, que en el rancho “Los Naranjos”, cerca de Taxco, el Tilo solía solía desaparecer a sus víctimas “cocinándolas” y que ese podía ser el destino de los estudiantes normalistas.
La PGR indagó en el lugar y desplazó a diversos peritos, sin que se hubieran encontrado restos humanos en esos parajes.
Quienes descalificaron los dichos de El Cabo Gil, fueron los visitadores de la CNDH y por dos motivos fundamentalmente: porque existían datos que probaban que fue torturado y, sobre todo, porque sus teorías y fantasías tenían el propósito de auto exculparse, cuando hay diversos testimonios que lo implican y de modo grave en las desapariciones. Todo esto consta en la Recomendación 15/VG/2018 de la CNDH.
“Juan” o “El Cabo Gil”, como tantos testigos colaboradores, cambian su relato de acuerdo a las necesidades de quienes los protegen y benefician. Es la perversión de detener para investigar, en lugar de investigar para detener.
Ahora su “hallazgo” es el involucrar a elementos del ejército en la muerte de los estudiantes. Son solo sus dichos, pero el problema es el realce que le pueden dar en la FGR y en particular quienes son los responsables de las indagatorias, quienes están empeñados, más desmontar la verdad histórica, que en castigar a los responsables de uno de los hechos criminales más espantosos en la historia mexicana.
A estas alturas ya deberíamos tener clara que la utilidad de los testigos colaboradores es más que dudosa en los juicios, aunque muy útil en las disputas políticas.
Después de todo, el caso Ayotzinapa es un referente de este tiempo por la utilidad que puede tener si de lo que se trata es de condenar al pasado y todas sus fechorías y no de procurar justicia.