Los más pobres han sido los más afectados en términos de mortalidad en México: 94 por ciento tuvieron un nivel de vida precario y desempeñaban trabajos esenciales durante la pandemia de Covid-19. En este amplio grupo destacan los indígenas, señala una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según el estudio de Alejandro Cortés Meda y Guadalupe Ponciano Rodríguez, la mortalidad por Covid-19 se ha cebado mucho más en personas con un nivel socioeconómico bajo, con escasa escolaridad (generalmente primaria) y que desarrollan labores manuales y operativas, muchas de ellas consideradas esenciales, que van desde choferes y vendedores ambulantes hasta empleados de bajo nivel.
Al tener que hacerse cargo de esos trabajos, quienes los desempeñan se han encontrado mucho más expuestos al Sars-CoV-2 por factores como el uso del transporte público, largas jornadas de trabajo y mayor contacto con personas en diversos espacios, lo que también las convierte en fuente de infección. Eso es muy distinto a quienes han podido quedarse en su domicilio para realizar trabajo en casa, que generalmente pertenecen a estratos sociales más altos.
A lo anterior pueden añadirse otros elementos como un insuficiente acceso a los servicios de salud y a que prácticamente no pueden dejar de trabajar sin poner en riesgo su sustento.
Así, según se lee en el estudio, “en nuestro país los trabajos manuales y operativos, las amas de casa, los jubilados y pensionados representan 94 por ciento de los decesos, en tanto el resto corresponde a profesionales, directivos y trabajadores de arte y espectáculos”.
Respecto a la cuestión étnica, la población más afectada son los indígenas, a la que corresponde 17.4 por ciento de los fallecimientos, lo que es otra muestra importante que expresa la desigualdad existente en el país, ya que los indígenas, quienes se encuentran en la explotación económica, la marginación social, la discriminación y la subordinación política y cultural.
Otro indicador importante es que 92 por ciento de las muertes han ocurrido en instituciones públicas, entre las que destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 52 por ciento; unidades de la Secretaría de Salud, 32 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 8 por ciento.
(Con información de El Universal)
