El Presidente repite que “respeta el derecho a disentir” con la misma frecuencia con la que estigmatiza a quienes discrepan. Sataniza desde su investidura, subido en la tarima y tras el atril donde le habla a sus gobernados para dejar en claro que pensar distinto a él es inmoral, pues su transformación se inscribe en la histórica e interminable batalla entre el bien que representa y el mal que motiva a sus adversarios. No admite puntos intermedios, no hay espacio para librepensadores que se permitan coincidir sólo en parte; se está con él o contra él.
El maniqueísmo es la narrativa del pensamiento único. Sólo hay un camino correcto, honorable y virtuoso: el suyo. Transitar por una vereda distinta es lesionar los intereses del país y del pueblo. Así, la intolerancia encuentra una justificación patriótica y mueve los hilos del resentimiento para hacer socialmente popular la persecución de disidentes.
Oponerse a cualquier política gubernamental te convierte en enemigo, quien no sólo es responsable de los problemas, sino también el obstáculo para solucionarlos. De ahí se desprende la necesidad de combatirlos desde el poder y repudiarlos desde la sociedad. Pero las consecuencias pueden salirse de control, sobre todo si el mandatario pierde cualquier atisbo de mesura y cae en la hipérbole de su paroxismo nacionalista al acusar a sus opositores de caer en traición a la patria por no comulgar con su iniciativa de reforma eléctrica.
¿Qué se hace con un “traidor a la patria”? Históricamente se les ha privado de la vida, exiliado o encarcelado. Por supuesto, el presidente López Obrador no está pensando en denuncias penales por ese delito, pero sí en condenarlos al escarnio público en un ambiente polarizado que él mismo se encarga de avivar. De ahí que haya adelantado que dará a conocer los nombres de los legisladores que voten en contra de su iniciativa, acto de evidente intimidación.
Sabemos que la violencia física a menudo es precedida por la violencia verbal, pero prefiere hacer campaña negra de manera permanente contra la oposición que prevenir actos violentos contra quienes resisten u opinan diferente al Presidente. Hasta el momento, las agresiones se expresan fundamentalmente en redes sociales, pero no hay garantía de que ahí se vaya a quedar el encendido encono promovido con recursos públicos desde Palacio Nacional.
El propio López Obrador tuvo que deslindarse y llamar a la calma después de que la senadora Lilly Téllez diera a conocer las amenazas que ha recibido, mismas que son extensivas a su hijo menor de edad, pero nada asegura que todos sus seguidores le harán caso y evitarán agredir por distintos medios a los “traidores a la patria” que sean señalados por él. En otros países con regímenes populistas se han conformado grupos de choque para reventar con violencia eventos de protesta y existe legítima preocupación de que los llamados “Comités en defensa de la Cuarta Transformación”, a los que les ha venido tomando protesta el presidente de Morena, acaben sirviendo para lo mismo.
De cualquier forma, ya no son sólo palabras. La constante descalificación moral contra académicos y estudiantes de posgrado por parte del Presidente no pueden desligarse del acoso judicial contra los miembros del Foro Consultivo que se atrevieron a defender sus condiciones y facultades legales frente a la directora, María Elena Álvarez-Buylla, ni de la reciente remoción de Alejandro Madrazo al frente del CIDE, región centro, sólo por hablar a favor de la estabilidad laboral de jóvenes investigadores. El código de ética recién impuesto en el Conacyt prohíbe hacer público cualquier disenso, dejando de manifiesto el ánimo inquisitorial de la 4T.
Mientras Emilio Lozoya departe en lujosos restaurantes, la FGR busca encarcelar, mediante prisión preventiva, a quienes señaló, a cambio de desmedidos privilegios, en tanto se investiga si las acusaciones son ciertas, aunque, de entrada, sean absurdas. El corrupto confeso se da la gran vida y los opositores son perseguidos sin garantías de un debido proceso, pues aun si tienen el derecho a llevar sus procesos en libertad, los dejan en prisión, con el pretexto de que podrían fugarse. El autoritarismo avanza.
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