El director general de Justicia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Gonzalo Corona González, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe hacer un pronunciamiento para exonerar a los siete militares implicados en el caso Tlatlaya, toda vez que la justicia federal y castrense los eximió de algún delito violatorio de derechos humanos.
“Hubo una resolución judicial que favoreció al personal militar, independientemente de que la procuraduría militar inició un proceso por delitos del orden castrense y ahora está en apelación. En el fueron federal ya salieron absueltos, no se les acreditó ninguna responsabilidad; en el fuero militar en primera instancia, tampoco tuvieron ninguna responsabilidad”, dijo Corona González en entrevista para La Jornada.
“(…) Yo creo, personalmente, que debería (la CNDH) hacer una declaración de que jurídicamente se llegó a la verdad histórica y legal de que no hubo responsabilidad del personal militar en esos hechos”.
El funcionario afirmó que todo se trató de una “distorsión dramática” de los hechos, pues aunque los soldados implicados son acusados del delito de desobediencia en el fuero militar, este ilícito no está relacionado con ejecuciones extrajudiciales.
“En el fuero militar se les acusó del delito de desobediencia, porque salieron a patrullar, sin contar con el efectivo que se tenía ordenado, ni con el número de unidades que se había ordenado, eran siete elementos los que iban. Ahí se distorsionó de una manera dramática la participación del personal”, sostuvo.
Respecto a las impugnaciones que hizo también la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por algunas reformas al Código Militar, Gonzalo Corona aseveró que se trata de una “visión temeraria y sesgada” por parte del organismo y algunos sectores de la opinión pública.
Detalló que las reformas no permiten a los militares involucrarse en la vida civil (como se afirma) sino únicamente cuando se investiguen delitos cometidos por soldados, y previa autorización de un juez de control.
Además, precisó que el Ejército tampoco tiene facultades para tomar o cercar el Congreso de la Unión pero sí puede solicitar a un diputado -ejemplificó- que le permitan catear su oficina para hallar el arma de un soldado acusado de homicidio.
“(…) Es una interpretación sesgada (de la Comisión), porque si ocurre un delito del orden militar, se puede solicitar el cateo, no quiere decir que se vaya a intervenir con las funciones del Congreso, que se vaya a sitiar la sede del Poder Legislativo”, apuntó.
“Por eso le decía que es un muy temeraria su visión y sesgada, porque tenemos que cumplir con los requisitos constitucionales y legales, tanto del ámbito militar y federal para que se pueda utilizar eso, no es al libre albedrío de ninguna autoridad de investigación o de ejecución del fuero de guerra”.
mahy
