Debe publicarse de inmediato el peritaje que hizo la empresa noruega DNV-GL. Su ocultamiento por el gobierno de Morena en la capital del país es un acto ilegal (puesto que se trata de información pública), al tiempo que incurre en una conducta de obstrucción y evasión de la justicia que se sumaría a los delitos de homicidio, lesiones y daños patrimoniales en que presumiblemente incurrieron Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Carlos Slim (en la construcción de la obra), así como Florencia Serranía (la ex directora del STC Metro) y la misma Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaun (por la falta de mantenimiento de las instalaciones).
Sheinbaun contrató (en forma unilateral y por adjudicación directa) a la empresa noruega DNV para que hiciera el peritaje del accidente del 3 de mayo del año pasado en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. Pese a que ella misma alabó a dicha empresa extranjera (con una gran trayectoria en el análisis de riesgo y estudios de desastres de ingeniería) y a pesar de que se trataba de un peritaje externo de ingeniería forense, sus conclusiones ya no le parecieron y decidió ocultarlas a la ciudadanía.
Contra lo que afirman la Jefa de Gobierno y su gabinete, la empresa especializada declaró en un comunicado de este 4 de mayo, que el reporte fue producido por un equipo internacional de expertos, de acuerdo con la metodología acordada, estrictos procedimientos internos de calidad y cumpliendo con los requisitos contractuales en tiempo y forma.
Ha trascendido que el reporte ocultado reitera lo que se había dictaminado en dos de sus entregas preliminares. De acuerdo a ello, el colapso tuvo dos causas: 1) errores constructivos y 2) falta de mantenimiento. En cuanto a la primera, se refiere a “la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”, deficiencia constructiva que está presente en, al menos, 6.3 kilómetros de dicha Línea. Tal falla de construcción implica responsabilidades por parte de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, quienes eran el gobernante y el secretario de finanzas de la Ciudad de México, así como de la empresa constructora Carso, del magnate Carlos Slim.
En sus intentos por justificar el anómalo proceder de su jefa, Andrés Lajous (titular de la Secretaría de Movilidad) impugnó el reporte de DNV estableciendo que las fallas en la construcción descartaban la falta de mantenimiento como otra de las causas del accidente. Sin embargo, dicha postura hace caso omiso de la función que tienen los servidores públicos de velar por el correcto funcionamiento e integridad de los bienes públicos que están a su cargo, y que tal obligación se cristaliza no solo en los planes de mantenimiento rutinario, sino en medidas de mantenimiento correctivo cuando se han detectado fallas estructurales o de construcción. Así lo ordena la Ley de Bienes Nacionales y la ley sobre esa materia en el ámbito local de la Ciudad de México.
Esta segunda causa del accidente apunta a la responsabilidad de Florencia Serranía, quien era la directora del STC-Metro cuando ocurrieron los hechos, y de la propia Jefa de Gobierno, quienes no adoptaron las prevenciones necesarias para evitar la catástrofe.
Como ya se dijo, a las faltas administrativas de los responsables, se deben sumar las infracciones penales en que incurrieron con su conducta, pues la falta de supervisión en la construcción de la obra y la inobservancia de las obligaciones de dar mantenimiento a la Línea 12 del Metro tienen el agravante de que tales omisiones cobraron la vida de 26 personas, causaron lesiones a otras 98 y provocaron daños millonarios al erario de la Ciudad de México y a cientos de miles de vecinos por el cierre de más de un año de esta vía de comunicación.
Cincelada: Las cuotas obrero-patronales que recauda el IMSS se están desviando de su destino por el fracaso del INSABI, una política exterior errática y los caprichos presidenciales.
