Y ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ferviente aficionado al béisbol, muy seguramente conoce aquella frase de “ni picha, ni cacha, ni deja batear”, expresión coloquial muy usada para describir a alguien que no hace nada productivo o que no cumple con sus responsabilidades. Es una forma de decir que esta persona no contribuye de ninguna manera una tarea o actividad en cuestión.
La frase cobra relevancia porque mientras el mandatario utiliza su tradicional mañanera para provocar la división, insultar a sus adversarios y amenazar a fracciones políticas extranjeras que han tenido la osadía de criticar las acciones en materia de seguridad de la actual administración, la realidad es que en México no se ve que exista una estrategia de seguridad que además de garantizar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, y que -al menos- contenga a las organizaciones criminales que han hecho de diversos delitos denominados de “alto impacto” una industria multimillonaria que trasciende más allá de nuestras fronteras.
Como ya lo referí, la expresión citada en este texto tiene su origen en el béisbol, un deporte muy popular en Latinoamérica y especialmente en países como México, República Dominicana y Puerto Rico. Donde el pitcher es el jugador que lanza la pelota al bateador, mientras que el cátcher es el jugador que recibe la pelota y trata de impedir que los corredores avancen.
Cuando un pitcher lanza una bola que es muy difícil de batear, se dice que es una “pichada”, lo que significa que la pelota tiene un movimiento errático que hace difícil que el bateador la alcance. Si el cátcher atrapa la pelota, se dice que “cacha” la bola. Y si el pitcher no le da una buena bola al bateador, se dice que no le deja “batear”.
Por lo tanto, cuando decimos que alguien “no deja batear”, usamos una metáfora del béisbol para decir que esa persona no está haciendo nada útil o efectivo. Es una forma de expresar nuestra frustración con alguien que no cumple con su deber o responsabilidad, y de indicar que queremos que haga algo para contribuir.
Lo cierto es que mientras el discurso presidencial ha estado centrado en criticar, denostar y hasta amenazar a quienes, desde su punto de vista “atentan contra la soberanía de nuestra nación”, México está inmerso en una ola de violencia que en poco más de 4 años acumula ya más de 150 mil homicidios y nuestro país se posiciona como uno de los principales productores, traficantes y consumidores de fentanilo.
Prepotente, alevosa, majadera e intervencionista, así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la propuesta hecha por el senador republicano Lindsey Graham, de autorizar al gobierno federal de Estados Unidos enviar tropas a México con el pretexto de atender la violencia y criminalidad. En caso de que eso ocurra, el primer mandatario mexicano señaló que se trataría de una invasión y habría una respuesta inmediata, aunque se negó a profundizar qué tipo de respuesta.
Y en tanto el tabasqueño lanza consignas, lo grave es que la población sigue desamparada ante el crecimiento de organizaciones delictivas que han construido un complejo y eficiente entramado criminal enfocado básicamente en el tráfico de drogas, el cobro de piso, el secuestro, las ejecuciones y otras actividades criminales; esto mientras el Ejército Mexicano se dedica a construir aeropuertos, un sistema ferroviario, sucursales bancarias, administrar puertos y líneas aéreas y hasta cuidar al metro de la Ciudad de México, (en este caso la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por ex soldados).
Bajo su mandato, que cumplirá ya 5 años el próximo 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números récord de homicidios por la violencia perpetrada en la mayoría de los casos las bandas criminales. Y, por si fuera poco, en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas. Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.
El analista internacional de seguridad Edgardo Buscaglia ha insistido que “el rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”.
“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está `latinoamericanizando´ en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación con las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indicó el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).
La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes miliares.
Desde hace varios años, México ha experimentado un proceso de militarización en su estrategia de seguridad pública. Esto se debe principalmente al aumento de la violencia y el crimen organizado en el país, lo que ha llevado al gobierno a recurrir a las fuerzas armadas para combatir estos problemas.
La militarización de la seguridad pública en México inició en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una estrategia de seguridad pública conocida como “guerra contra el narcotráfico”. Esta estrategia se basó en el despliegue de miles de soldados y marines en todo el país para combatir a los cárteles de la droga y otros grupos delictivos.
A pesar de las constantes críticas contra exmandatario panista -considerado como uno de los principales adversarios del actual presidente- el gobierno de López Obrador ha continuado con la estrategia de su antecesor en la actual administración y ha incluso intensificado la presencia militar en algunas zonas del país. Como resultado, las fuerzas armadas mexicanas han asumido un papel cada vez más importante en la seguridad pública, y han llevado a cabo labores de patrullaje, detención, interrogatorio y otras tareas que tradicionalmente han sido responsabilidad de la policía. Lo cual de ninguna manera significa que haya resultados satisfactorios.
La militarización de la seguridad pública en México ha sido objeto de controversia y debate. Algunas voces oficialistas que antes se oponían a la presencia del Ejército en las calles argumentan ahora que la presencia militar ha ayudado a disminuir la violencia y el crimen, y que las fuerzas armadas tienen la capacidad y la disciplina necesarias para enfrentar a los grupos delictivos.
Sin embargo, la militarización ha llevado a abusos y violaciones de los derechos humanos, y ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar tareas de seguridad pública en el largo plazo. Basta hacer referencia al vil asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo a manos de efectivos militares a principios del mes.
Además, la militarización de la seguridad pública ha generado preocupaciones sobre el debilitamiento de las instituciones civiles y el fortalecimiento del poder militar en la sociedad mexicana. Algunos temen que la presencia militar en las calles pueda socavar la democracia y las libertades civiles, y que pueda llevar a una mayor militarización de otros ámbitos del Estado.
Y ante la ausencia real de un Estado de derecho aplicable en México, desde nuestro vecino país una fracción del partido republicano tuvo la osadía de proponer una intervención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, también conocida como DEA, agencia que, por cierto, ya ha tenido una presencia activa en México desde hace décadas, y ha sido una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico en ambos países. Sin embargo, su intervención en México también ha generado controversias y críticas por su impacto en la soberanía del país y en la seguridad de la población mexicana.
La DEA ha trabajado en colaboración con autoridades mexicanas en la lucha contra los cárteles de la droga y otros grupos delictivos. Esta colaboración ha incluido la compartición de información de inteligencia, el entrenamiento de oficiales mexicanos y la realización de operativos conjuntos.
Como ya lo dije, El béisbol es uno de los deportes más populares en América Latina y ha dejado una huella en la cultura y lenguaje popular. Desde frases icónicas de comentaristas deportivos hasta expresiones que han trascendido el ámbito del deporte.
Así que, si el presidente quiere hacer un verdadero “strike”, “ponchar” al crimen organizado y lograr un “out”, debe hacer caso a quienes le sugieren que grite “play ball” para que a poco más de un año de que concluya su administración se decida a emprender acciones reales y eficaces en materia de seguridad. Pues como diría Tom Lasorda, aquel célebre entrenador de los Dodgers de los Ángeles que hizo campeón a nuestro muy querido Fernando Valenzuela, “hay tres tipos de jugadores de beisbol: los que hacen que pasen las cosas, los que ven lo que sucede y aquellos que se preguntan qué sucedió”.
