El gobernador Salomón Jara y el Congreso de Oaxaca determinaron recortar más de mil 300 plazas del gobierno del estado debido a que consideraron que fueron creadas de forma “desproporcionada” e “irregular” durante la administración de Alejandro Murat (2016-2022), antaño priista y hoy senador morenista.
El pasado 11 de diciembre el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto del gobernador, por 37 votos a favor, para suprimir mil 344 plazas administrativas del gobierno del estado, las que habían sido otorgadas entre los años 2016 y 2022; es decir, durante la gestión de Murat. El decreto expedido por el Legislativo estatal indica los números único de Plaza y de Único de Empleado de los trabajadores que fueron despedidos de forma inmediata.
En el artículo Quinto transitorio del decreto se estableció que “a través de un programa de saneamiento, deberán de realizarse las indemnizaciones que correspondan, de acuerdo a la suficiencia presupuestal que tenga el Gobierno del Estado”.
Para sustentar la medida se explicó que entre 2013 y 2022 (la segunda mitad del sexenio de Gabino Cué y entero el de Murat) la plantilla del personal de base aumentó en 47.8 por ciento, lo que significó el otorgamiento de 4 mil nombramientos “de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica y la legislación financiera”.
En el dictamen del decreto también se afirma que los pagos para esos nombramientos afectan, por supuesto, la cobertura para programas sociales y las acciones para combatir la pobreza.
En la discusión del decreto la diputada oficialista Mónica Belén López Javier, presidenta de la Comisión de Administración Pública del Congreso oaxaqueño y quien antes había sido funcionaria del gobierno de Jara, dijo que se trataba de implementar la austeridad republicana en un escenario en el que anteriormente se habían comprometido las finanzas públicas debido al aumento en el pago de servicios personales por más de 2 mil 24 millones de pesos.
Agregó que el incremento indiscriminado de plazas provocó un agujero enorme en el presupuesto, lo que restó recursos para pensiones de personas jubiladas, además de que contravino la responsabilidad hacendaria.
Un día después de la aprobación del decreto que suprimió las mil 344 plazas, en su cuenta de X el gobernador Jara reconoció al Congreso de Oaxaca, resaltó que entre 2016 y 2022 “se entregaron de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica en nuestro estado”. Finalizó: “Con esta acción, se podrá hacer mejor uso de los recursos públicos, de manera responsable y eficiente”.
También sin mencionar abiertamente a Murat, la diputada López Javier se lanzó contra la gestión del hoy senador morenista en el estado: “Por un #Oaxaca con finanzas responsables. Aprobamos la supresión de 1,344 plazas administrativas para corregir irregularidades de gobiernos irresponsables del pasado y garantizar el uso eficiente de los recursos. Reafirmo mi compromiso de vigilar una gestión justa y eficiente”.
Por supuesto, el despido masivo provocó inconformidad y protestas de los empleados despedidos, por lo que el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca logró que 667, prácticamente la mitad de los cesados por Gobierno y Congreso, sean reinstalados.
Apenas el 19 de diciembre del año pasado Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, denunció que en este organismo entre 2013 y 2018 hubo actos de corrupción que pueden haber costado hasta mil 200 millones de pesos. En la primera parte de ese periodo quien estuvo al frente del organismo fue Murat, quien después depositó la culpa sobre su sucesor, David Penchyna.
También se debe recordar que cuando a Murat le fue otorgada una candidatura plurinominal oficialista al Senado de la República, Jara cuestionó esa designación, comentó que “los chapulines no son buenos” y exigió explicaciones a la dirigencia de Morena.
