El caso Iguala se convirtió en un estilo de hacer política… y de vivir. Desde los padres de los 43 desparecidos, estrellas mediáticas en la visita del Papa, hasta expertos a quienes pagamos con nuestros impuestos para investigar aquí, pero dobletean con chambas en otros países.
Los padres acaparan reflectores en una polémica mundial con el líder religioso más importante del planeta (de más de mil 200 millones de católicos), a quien ayer uno, Bernabé Abraján Gaspar, consideró mentiroso:
“El Papa está mintiendo. Queríamos una entrevista con él. No hay divisiones entre nosotros, queríamos que él nos aportara algo”.
Al terminar su reciente visita a México, Francisco explicó que no se reunió en exclusiva con los padres del caso Iguala porque estaban “contrapuestos entre sí” y “con luchas internas” y “entonces preferí decir que los iba a ver a todos en la misa de Ciudad Juárez”.
En sus mensajes el Pontífice se refirió continuamente a las vidas cobradas y víctimas por el narcotráfico en México, como el caso los 43 normalistas, desaparecidos por el crimen organizado el 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo (muy en su derecho) los padres del caso Iguala consideraron que sus hijos son más importantes que las demás víctimas y entendieron que el Papa debía recibirlos en exclusiva.
Y, en esa condición de padres de víctimas de primera categoría (entendiéndose entonces que dan por hecho que las demás son de segunda), los padres han tenido respuesta exclusiva hasta de la Arquidiócesis de México:
“Los comentarios a los que hizo referencia el Papa se dan a través de la Secretaría del Estado del Vaticano y se mantienen en secreto. Las divisiones son evidentes más allá de que tengamos un conocimiento concreto de las cosas, es sabido que se han creado grupos”.
También hacen política los expertos de la CIDH, quienes cobran del Estado mexicano 136 mil pesos mensuales: el chileno Francisco Cox recibe el dinero, pero no se dedica de tiempo completo a la pesquisa en Iguala, sino que viaja seguido a Uganda para trabajar en otro tema de derechos humanos.
Cierto: ninguna norma le impide a Cox atender dos casos a la vez, pero sería más ético que se ocupara de uno, sobre todo porque la investigación del caso Iguala dependerá en especial de los resultados a los que llegue la CIDH.
La labor de la CIDH se ha limitado a refutar la hipótesis oficial del incendio de la mayoría de los cuerpos en el basurero de Cocula, pero su conclusión es insuficiente porque se asienta apenas en dichos, cuando se les paga para que determinen con pruebas qué pasó realmente.
Se espera algo más que poner todo en duda.
Mucho menos que dobleteen la chamba.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de Febrero de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
