México “necesita una transformación que no sea sólo cosmética” de su nueva Fiscalía General de la República, la cual debe ser eficaz, profesional e independiente, y estar alejada de intereses partidistas, señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.
Al participar en el seminario internacional “Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Jan-Jarab sugirió al Poder Legislativo la independencia de los servicios periciales, la creación de un Consejo Asesor de renombrados especialistas, y cuidar el perfil del titular para que no responda a intereses partidistas.
Jan-Jarab explicó que en el contexto de investigación de la corrupción que realizan servidores públicos de diferentes naciones, es fundamental que las fiscalías cuenten con un diseño institucional que las fortalezca y les permita perseguir y castigar a los responsables.
“En México, como sabemos, en casi todos los principales problemas de los derechos humanos, la impunidad es el denominador común: desaparición, tortura, asesinatos de periodistas, feminicidios, violación de sentencias judiciales en casos de comunidades indígenas”, indicó.
“Cuando buscamos soluciones para cambiar este preocupante escenario, siempre llegamos a la conclusión de que todas las medidas sintomáticas, aunque buenas, se van a quedar cortas si no logramos cambiar la impunidad prevalente“, destacó.
Aseguró que “si no mejoramos el funcionamiento de los ministerios públicos, de las fiscalías, si no logramos mejorar la procuración de justicia y si la impunidad permanece como la regla y el castigo la excepción, no se puede fortalecer el Estado de derecho”.
Jan-Jarab dijo que sería un error reducir la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el perfil de su titular. “Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución; sin embargo, sí es importante que el titular esté alejado de los intereses de los partidos”, dijo.
Propuso realizar una reforma constitucional que garantice la autonomía, el profesionalismo y la rendición de cuentas y que la autonomía sea funcional, presupuestal y administrativa. Además, crear servicios profesionales de carrera, establecer mecanismos de control internos y externos, y que los procesos de selección y remoción de fiscales se ajusten a principios de transparencia, idoneidad y debido proceso.
El fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo de Excedencia de España, Carlos Castresana, dijo a su vez que México tiene un “problema grave” de corrupción que se nutre de un sistema “tradicional” y “moderno”, ambos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero.
“Creo que ustedes, como casi todos los países de Latinoamérica, tienen manifestaciones de las dos corrupciones, la tradicional y la moderna. Tienen también presencia, obviamente que no necesito explicarlo, del crimen organizado y lavado de dinero”, dijo durante el foro Cambio Cultural en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El sistema de corrupción “tradicional”, explicó, comienza con el individualismo, ligado a la pobreza, subdesarrollo, al cohecho y malversación. “La corrupción tradicional viene desde tiempos históricos, la que ha estado presente prácticamente todo el siglo XX”; predomina la malversación de fondos públicos y el soborno. Y “el cohecho del funcionario público que pide unas cantidades al ciudadano, que no tiene por qué pedirle, para hacer lo que le corresponde”, detalló.
La corrupción moderna, explicó Castresana, es una estructura vinculada a la relación de empresas y autoridades: abuso de información privilegiada, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de partidos políticos. Castresana consideró que los problemas de corrupción del país deben causar alarma porque pueden afectar a los sectores económicos.
En el foro, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que es necesaria la cooperación de todos para mejorar la impartición de justicia en el país.
“Necesitamos en nuestro país la colaboración de todos para lograr un cambio cultural, para que la nueva normatividad, los nuevos procedimientos y las nuevas instituciones produzcan el resultado procurado”, comentó Higuera Bernal.
Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha detectado un incremento en los amparos promovidos por los imputados, lo que demuestra una resistencia a la impartición de justicia.
“Algunas de estas resistencias son descomunales han implicado una proliferación de amparos, una figura que tiene que ser revisada si aspiramos a tener un México más igualitario”, dijo Laveaga.
México vive un momento muy delicado, pues en medio del proceso electoral y escándalos de deshonestidad de funcionarios y partidos, la gente exige ponerle fin a la corrupción, consideró Edna Jaime.
La presidenta de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) destacó además la falta de titulares en la PGR, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción.
“Los escándalos de deshonestidad de los funcionarios de todos los órdenes y políticos de todos los partidos se van acumulando día tras día. La indignación y la frustración son cada vez mayores”, exclamó.
La gente, expuso, no percibe una respuesta a esta situación, por lo que los integrantes de la Comisión de Selección se comprometieron a elegir al mejor perfil para el Comité de Participación Ciudadana del SNA, en sustitución de Jacqueline Peschard, quien termina su mandato el 9 de febrero. La Comisión de Selección lanzó ayer la convocatoria para elegir un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
En el evento, los panelistas también hablaron sobre la falta de Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), así como de controles para dar seguimiento a las medidas que determina un juez en contra de una persona que ha sido imputada o sentenciada.
En el seminario internacional organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, participaron especialistas de Alemania, Guatemala, Colombia y Perú, entre ellos Ángela Buitrago, exintegrante de la Comisión Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) que revisó el caso Ayotzinapa. Los expertos coincidieron en que la fortaleza de la Fiscalía General en México debe basarse en su autonomía para perseguir los delitos.
Los legisladores siguen estancados en lograr acuerdos para transformar la PGR en Fiscalía General de la República. La reforma constitucional de 2014 establece en unos de sus artículos transitorios que quien sea el titular de la PGR al momento de aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se convertirá en el primer Fiscal General, que por diseño tiene asegurado el encargo por ocho años. Esto se llamó coloquialmente ‘pase automático’.
El 27 de octubre del 2016 Raúl Cervantes tomó protesta como procurador, por lo que era probable que él fuera el primer Fiscal General. El 29 de noviembre del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para que el procurador no se convirtiera en automático en Fiscal. Los legisladores no la procesaron.
Para marzo de este año, el PAN condicionó la elección del fiscal anticorrupción a que se eliminara el pase automático. En septiembre, el PAN bloqueó la instalación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, para impedir el pase automático.
El 5 de septiembre era la fecha límite para la permanencia de la entonces presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía. El PRI no alcanzó los votos para que José Carlos Ramírez asumiera la presidencia, y se detuvo el reloj legislativo. La situación se destrabó cuando acordaron quitar el pase automático. El 16 de octubre, Raúl Cervantes renunció a la PGR.
(Con información de Excélsior)
aml
